En desvío de recursos públicos habrá castigo se trate de quien se trate

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En las denuncias penales contra ex funcionarios de Michoacán, habrá imposición de la ley de comprobarse las ahora presunciones de desvío de recursos públicos y sin importar de quién se trate, afirmó Silvia Estrada Esquivel, contralora estatal.

Por las faltas, que podrían constituir los delitos de peculado, fraude y abuso de atribuciones, se recaerían en sanciones administrativas, que van de amonestaciones, inhabilitación de 1 a 10 años, y en caso de daño al erario público, solicitar resarcir dicho menoscabo al estado, puntualizó.

Aclaró que se habla de 8 y de 10 denuncias penales porque los casos se llevan ante dos instancias de procuración de justicia al tratarse de delitos de un mismo tipo pero con recursos de diferente origen. El anterior 17 de enero se presentaron ante PGJE y PGR.

“Por los recursos estatales y sin importar el tipo de funcionario o nivel de que se trate, le corresponde a la PGJ dar seguimiento, complementar el expediente y llevar el caso”.

En cuanto a recursos de origen federal “es ante la PGR, que con casos atípicos de los ex servidores, y en base a los elementos presentados, determinará configuración del delito que quepa”.

Y es que en el tema, se preguntó a la fiscal de los recursos estatales porqué el Procurador de Michoacán, habla de 8 denunciados y la Contraloría de 10 y dijo que habrían metido los recursos “a la licuadora”, y no los habrían usado en su provecho.

“Recuerden que el tema de peculado es delito penal en el que no se lleven los recursos sino que se desvían a fines distintos a lo que se autorizaron”, ubicó Estrada Esquivel.

Comentó que el periodo de revisión y resultados es del año 2012 al 2015 y resultado de la entrega-recepción de 2015, de observaciones y proceso de integración de expedientes, en los que se llamó a funcionarios a defenderse durante todo un año, detectado faltante de 3 mil 759 millones de pesos.

Respecto al manejo informativo de que se trata de ciertos funcionarios, incluidos dos ex gobernadores, explicó la Contralora que la ley de protección de datos, no deja hacer mención de nombres sino hasta que sea “tema firme” y eso “lo resolverán otras instancias”.