Se contradice Gobierno Estatal y hace mal uso de la fuerza pública

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Pequeños propietarios de La Palma quisieron probar mediante un Actuario Judicial contradicciones por el gobierno estatal, que afirma que no se impide ingreso a la isla para hacer producir sus espacios, sin embargo, en el acceso a sus predios hay no sólo una empresa de seguridad privada obstruyéndolos sino también personal de la Policía Michoacán, con lo que se haría mal uso de la fuerza pública, se quejaron.

Durante cinco horas, ayer viernes, Héctor Guerrero Véjar, Actuario Judicial del Juzgado Sexto de Distrito del Estado, asentó en la Inspección Judicial, Incidente 118/2017, que hay contradicción en las declaraciones del gobierno estatal que sostiene que no se impide a los productores y quienes tienen empresa en La Isla La Palma, ingresar a sus predios.

Al asentar las incidencias de la actuación judicial, Melecio Orozco Cisneros y Álvaro Soria Mendoza, que representaron a la parte inconforme, buscaban que el actuario asentara que un grupo de elementos de la Policía Michoacán dotados de armas de fuego y cilindros de gas, les impiden accesar, mientras los custodios del lugar, prácticamente son sometidos por los agentes estatales.

Y es que, como se pudo hacer constar, por lo menos de las 10 a las 15 horas de este viernes, que duró la diligencia, los apenas 4 elementos de la empresa Servicios Profesionales de Protección y Seguridad (SPPS) con sede operativa en Morelia, se vieron rebasados en número por los uniformados armados de la Policía Michoacán, quienes recibieron la invitación de depositar sus armas en algunas de las 5 patrullas disponibles, quedando sólo con algunos envases de gas lacrimógeno.

Parte de las incidencias se presentaron estando presentes Eduardo León Rodríguez, Director de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, Melquiades Hernández Regalado, Director del Fideicomiso 406 –Parque Industrial Isla de La Palma de Lázaro Cárdenas, Michoacán– y Guadalupe Rangel Luna, que se acreditara como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Una de ellas tuvo que ver con la solicitud –a petición de los inconformes– de información sobre a qué obedecía el cordón policiaco y quien ordenó el mismo, para lo cual quien se dijo encargado del grupo, se negó a dar información de cualquier índole, quedando asentadas solamente una descripción de sus datos generales.

Sin embargo, ante insistencias, reconoció que estaban ahí por instrucciones del gobierno estatal, en particular del Secretario de Seguridad y Procurador General de Justicia, pero que en ningún momento impedían el ingreso de quienes aseguran propiedad de espacios en la Isla de La Palma y la zona que custodiaban.

Pese a lo asegurado, los elementos de inseguridad impidieron el acceso de los reclamantes cuando éstos quisieron ingresar para ir a los terrenos y las instalaciones que han venido acreditando de su propiedad al interior de la isla, situada junto al río Balsas, frente al parque de la Isla del Cayacal.

Deseo que se asiente que los elementos de seguridad nos impiden el uso y disfrute de nuestras propiedades e instalaciones descritas en la demanda de amparo, dijo la parte quejosa, en alusión a la acción de febrero pasado cuando el gobierno estatal en un operativo determinó que no ingresaran más a sus terrenos.

Y mientras elementos de la Secretaría de Marina acudieron a conocer de la situación, “y elevar el nivel de intimidación” según quienes reclaman derechos en la zona, Wilibaldo Jiménez, por la empresa SPPS dijo que ellos tienen orden de impedir acceso, uso y disfrute de los terrenos en las islas de La Palma y Cayacal por parte de los quejosos.

Para la parte oficial, la diligencia y pruebas de desahogo no están claras porque desconocían el lugar donde realmente se constituyeron, mientras la parte que demandó el ejercicio ofreció fotografías del lugar y el desarrollo de la diligencia, incluyendo imágenes con policías armados, pidiendo asentar que se les impidió accesar a sus propiedades por seguridad privada, Policía Michoacán y elementos de la Marina-Armada de México.

La actuación forma parte del expediente para acreditar propiedad en La Palma, donde 18 ocupantes fueron retirados en operativo policiaco la madrugada del 22 de febrero pasado. Según Sedeco, la acción fue para generar todas las condiciones de salvaguarda, seguridad y certeza jurídica del espacio físico para la instalación de la Zona Económica Especial, y sólo dos ocupantes han acreditado la auténtica propiedad.