Falsas acusaciones contra Comisión de Atención a Víctimas

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Existe una acusación contra miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la cual no se hizo con sustento ni la verdad por lo que pudiera ser algún recurso para apartar a alguien “y tener una Comisión a modo”, de acuerdo a consideraciones de César Reyes Carvajal.

El responsable de la Unidad Regional Lázaro Cárdenas de la CEEAV, recordó que el pasado 19 de junio subieron medios de comunicación supuestas declaraciones de habitantes de Chuta, que tenían denuncias contra personal del organismo ente Procuraduría de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Contraloría estatal.

“En todo ello, algo está muy raro, ojala y no quieran una institución a modo, y alejarla del objetivo a cumplir de participar en el cumplimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, expone.

Agrega que llama la atención, que haya acusaciones falsas, que en principio dedicaran sus baterías contra miembros de la Comisión en Lázaro Cárdenas y después exclusivamente contra Selene Alatorre, la Presidenta de la Comisión a nivel Michoacán.

El declarante mostró escritos de habitantes de Chuta supuestamente denunciantes que afirman, dirigiendo documentos a las oficinas del gobierno estatal, la CEDH, PGJ, Contraloría y otras instancias, no haber denunciado, porque teniendo órdenes de aprehensión no han salido de su comunidad, además de que no conocen a Selene Alatorre de ahí que no tendrían por qué denunciarla.

El asunto tiene su origen en 2016, cuando, apenas abierta la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas, apareció una persona a señalar que había 12 víctimas en Chuta, que sería bueno se les atendiera, porque por su situación económica y otras razones debería hacérseles justicia.

El compareciente era Jorge Gutiérrez Contreras, quien era abogado de los afectados y vecinos de Chuta, residentes en el kilómetro 25 de la carretera costera. Entonces no se sabían los datos de quien resultó ser su defensor, tampoco que las doce personas eran imputadas y los había denunciado la SCT entre 2010 y 2011, por no liberar derecho de vía de la carretera a Colima, ampliación que va a Caleta de Campos.

Tampoco se sabía que ante las deficiencias en expedientes de quien les cobraba como abogado particular, se dio lugar a orden de aprehensión contra 12, de los que 5 fueron detenidos en diciembre de 2015.

Una vez que se revisó su situación, la CEEAV dictaminó y les informó que al tener abogado particular, ese organismo no los podía atender dado que además era asunto federal, y su papel era de indiciados, dando lugar a un acta circunstanciada para dejar cerrado el asunto.

Jorge Gutiérrez Contreras, los empezó a mover y llevar a tres de ellos a Morelia, donde señalaron supuestos actos de corrupción. Ello se originó por la decisión personal de que los representa el abogado Juan Antonio García, quien era Jefe de Atención de la Unidad Regional en LC de la CEEAV, a través de quien, un despacho jurídico de Uruapan, les ofrecía gestionar el perdón de SCT, a cambio de una suma de dinero, que no entregaron completa y de la que mantienen Boucher de depósitos a una cuenta de sucursal Banamex en Uruapan.

La situación anterior, que le valió a García Alvez dejar su cargo en diciembre del año pasado con efectividad al 1 de enero, es la manejada para acusar a la CEEAV, cuando los vecinos de Chuta, reconocen que nunca intervino el organismo y menos han interpuesto denuncia alguna.

Entre los afectados, dice Reyes Carvajal, están personas que no saben leer y hasta una anciana, que por su edad, no debería estar sujeta a proceso, y los menciona porque han dado cuenta que les llevaron en algún par de ocasiones documentos a firmar y en los que pusieron sus huellas digitales por no saber escribir, y sospechan que esos documentos –con los que supuestamente les iban a beneficiar de un programa de vivienda–, son los que estaría el abogado utilizando contra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

El responsable de la Unidad Regional de la Comisión en mención, afirma que ante falsedad de declaraciones, acusación sin fundamento y el daño a su honor, analiza imponer una denuncia penal contra quienes han difamado.

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