Lázaro Cárdenas, Michoacán.- A los ex empleados de NKS, les llueve sobre mojado, porque además de enfrentar fuertes problemas con el empresario jalisciense Guillermo Alejandro Hernández, ahora son demandados por la firma B. G. Ingeniería por incumplimiento en contrato de compra-venta.
Se trata de quienes ganaron demandas laborales y la autoridad laboral les autorizó que dispongan de las toneladas de acero de lo que fue NKS para que recuperen los recursos a que tenían derecho.
Guillermo Alejandro les requirió un millón de pesos para hacer un regalo al Procurador de Justicia, supuestamente para que los protegiera de los mañosos, situación que no hubiera llegado a la opinión pública sino porque el empresario cayó en incumplimiento del acuerdo con los ex trabajadores de NKS.
El nuevo problema legal, deriva de que con B. G. Ingeniería realizaron acuerdo para la entrega de chatarra y aprovechamiento de maquinaria pesada que llegaran a extraer de los equipos de lo que fue NKS, y cuando se acercó Guillermo Alejandro Hernández, quien se presentó como socio de Grupo Urrea, éste ofreció que su equipo jurídico, encabezado por Carlos Alfonso Melo, se haría cargo de que quedaran sin efecto los acuerdos con la otra empresa.
Sorteado todo el proceso de permisos y facilidades para sustraer chatarra de NKS, el grupo de Hernández Pérez, empezó a realizar tareas de chatarrización a finales de mayo anterior, sólo que incumplió con el calendario de pagos, lo que llegó ya a confrontación y acusaciones.
En medio, llega, B. G. Ingeniería, como se advierte en una notificación a la demanda penal a los ex trabajadores de NKS, para requerir legalmente que se responda al incumplimiento de lo convenido en 2016 entre ambas partes. Del documento obra una copia en poder de Paco Rivera Noticias y se trata de la causa expediente número 17989/UATP/MOR/2017.
Ante esta situación, se conoció extraoficialmente que las autoridades portuarias decidieron no permitir que se siga desmontando la maquinaria de la ex paraestatal y luego empresa del Grupo Arzac, hasta que legalmente se defina la situación entre beneficiarios de la chatarrización y de los compradores.
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