Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Por el desacato a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reprimir al pueblo, como ocurre por la presidente municipal de este municipio, María Itzé Camacho Zapiain, representantes de un frente de organizaciones y colectivos de Lázaro Cárdenas espera hacer contacto e interlocución con el mandatario federal.
En la visita del Presidente al complejo Fertinal, confían ser atendidos para enterarle que el gobierno local, “supuestamente” emanado del mismo partido que el ejecutivo federal, en lugar de dar solución a los problemas acusa a ciudadanos penalmente por delitos de carácter político, dijo Miguel Marcial Santos, representante del Frente Popular Revolucionario.
Acompañado de otros dirigentes, dijo que existe una carpeta de investigación en contra suya y de otros, acusados de sedición, rebelión, sabotaje, secuestro y terrorismo, “entre otras cosas”.
Claramente lo que se pretende es criminalizar la lucha social, asemejando a los gobiernos federales de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, porque en lugar de resolver al pueblo organizado, recurre la alcaldesa a las amenazas y acciones represivas que la hacen ver peor que cualquier otro gobierno que la antecediera.
Reconocieron que el gobierno estatal hizo interlocución, pero fue ignorado por la autoridad municipal, como ocurrió en la última intervención del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, al que la alcaldesa ofreció atender al grupo organizado, y luego ignoró a todos.
Narraron que llevan en la lucha social más de 14 años con planteamientos de las situaciones al gobierno municipal, con peticiones tales como pavimentación de calles, mejoramiento de escuelas y en el caso de la mala calidad de agua, solicitar beneficios a compañeros necesitados.
Expresaron que dos peticiones en particular no atiende este gobierno municipal, ante el secuestro de minuta por síndico, Manuel Esquivel Bejarano, y uno es la reinstalación de una compañera que legalmente, a través de un juez, falló le regresen su lugar de trabajo.
La minuta secuestrada es del 28 de febrero de este año, que plantea los mismos puntos de anterior de 2019, acordada con la alcaldesa en su anterior periodo.
El segundo punto desatendido, es el descuento a poco más de 350 familias de la ciudad y Las Guacamayas, en su recibo del Capalac, al recibir agua no apta para consumo humano, que les ocasiona comprar garrafón para lavar la boca, bañar niños y ropa blanca para evitar que se percuda.
El síndico ha dicho que no ha entregado la minuta, porque debe agregarse una leyenda, que diga que los colonos y organizaciones no van a hacer una manifestación más contra el gobierno municipal.
El grupo, estuvo integrado además por Florencio Morales Ramírez, coordinador de la Organización Indígena y Popular Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Mariano Parral Isidoro, representante de Colonias Unidas por Las Guacamayas; Gabriela Estefani Cepeda Romero, dirigente de la Unión de Tianguistas Independientes de la Narciso Basolss y Sebastián Galván Ramírez, coordinador de la Unión de Comerciantes en Lucha Hermanos Flores Magón.
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