Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Están frente a la posibilidad de ser destituidos, inhabilitados de tres a nueve años y sancionados con cárcel de tres a nueve años de prisión, además, de pagar una multa económica, la alcaldesa María Itzé Camacho Zapiain; el Director de Seguridad Pública Municipal, teniente Samuel Tapia Rodríguez; la jefa de reglamentos Mónica Sánchez Méndez y el jefe del Jurídico, Francisco Alberto Rangel Salgado.
Este supuesto, luego de la violación a la suspensión provisional de un juicio de amparo, y proceder a la clausura de varias áreas de la empresa ArcelorMittal, y de proceder el incidente de violación a la suspensión provisional promovido por el apoderado legal de la empresa productora de acero.
La solicitud de reclamo de aplicación del estado de derecho, ha quedado admitida bajo el expediente 231/2020, según auto de admisión de fecha 24 de este mes de julio, y publicado en la página del Consejo de la Judicatura Federal el lunes de esta semana.
En el acuerdo, se ordena a las partes aportar sus informes justificados, y se fija la fecha del 13 de agosto, para resolver este incidente por el Juez Quinto de Distrito. Es de señalar que el jueves 13 del próximo mes, es la fecha que la alcaldesa prevé rendir, en un salón de actos y de forma virtual, su segundo informe de gobierno.
En la solicitud del apoderado legal de la acerera, quedó pendiente de resolver si se da vista o no al Ministerio Público Federal, para los efectos correspondientes.
Se establece que la violación a la suspensión provisional de los actos reclamados por el Ayuntamiento, -el amparo-, fue concedido a ArcelorMittal el día 11 de julio de este año.
Es de señalar que ayer, a cinco días de la colocación de los sellos de clausura, el gobierno municipal emanado de Morena, los retiró, aunque en su comunicado oficial, por cierto enviado a primeros minutos de este 29 de julio, refiere que mantiene el reclamo.
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