Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Por pagos indebidos en obras públicas, centralmente en trabajos de dragado y ampliación de canales y dársena, Puerto Lázaro Cárdenas debe aclarar el paradero de 93.3 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de casi el 40% de 233.9 millones de pesos que les están observando a los puertos de Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Topolobampo y Altamira.
La ASF encontró montos elevados a lo convenido en principio, contratos que terminaron pagándose en exceso, con lo que se considera un presunto daño patrimonial a la API.
Al fiscalizar el uso de los recursos federales de la Cuenta Pública 2015 para la ampliación de canales y dársenas, saltaron vicios en el manejo de recursos.
La Auditoría de Inversiones Físicas 405-DE, describe que algunas de las irregularidades fueron la falta de recuperación de pagos adelantados a una empresa a la que después le rescindió el contrato, lo mismo que adjudicación directa sin explicación a nueva empresa para que concluyera los trabajos que dejó pendiente la primera, y sumaron pagos a trabajos no realizados.
Se describe que la obra revisada, primero fue adjudicada en una licitación pública internacional al grupo formado por las empresas Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., y Construcciones José, S.A. de C.V.
Para esto, se signó contrato por 643 millones 373 mil 600 pesos para tareas que se desarrollarían del 23 de julio de 2013 al 15 de julio de 2015, sin embargo 15 días antes de vencerse el plazo, esto es, el 30 de junio de 2015, el puerto dio por concluido el contrato.
La ASF no encontró evidencia de que el importe del anticipo entregado a ese grupo de empresas, por 22 millones 457 mil pesos fuera reintegrado por la contratista, de ahí que en sus cuentas, sea considerado un daño patrimonial para la entidad portuaria y el país.
Los trabajos pendientes se concluirían con un contrato que se convendría en un procedimiento de invitación cuando menos a tres proveedores, emitida el 24 de agosto de 2015, y se declaró desierto cuatro días después.
En los registros de la ASF, que refiere pagos indebidos en trabajos de dragado, señala que la APILAC solicitó cotizaciones a dos empresas: Dragamex, S.A. de C.V., y Mexicana de Dragados, S.A. de C.V. y en tres días, el 31 de agosto, decidió darle a Dragamex, la adjudicación directa del contrato disponible, estando en medio 429 millones 948 mil 600 pesos y un plazo de 113 días naturales, del 9 de septiembre al 30 de diciembre de 2015, para la entrega de los trabajos contratados.
Anotó la ASF otros 15 millones 131 mil 751 pesos y 63 centavos, considerados daño patrimonial porque se pagó un volumen de dragado excesivo por un supuesto mal cálculo, a la vez que 68 millones 516 mil 165 pesos con 71 centavos se pagaron de más, ante trabajos no realizados por la empresa a la que se le rescindió el contrato. No hay registros de recuperación del mencionado monto.
En las operaciones, se determinaron “recuperaciones probables” de 106 millones 105 mil pesos, que se sumaron a 5.4 millones de pesos de otro saldo pendiente por aclarar de una auditoría de 2014, que en total dieron 111 millones 800 mil pesos de recursos por aclarar.
Según la base de datos de la ASF, se han aclarado hasta ahora 18.4 millones de pesos, y hay un procedimiento resarcitorio en proceso por 24.8 millones, quedando pendientes por recuperar 93.3 millones.
Es de señalar que además de los 93.3 millones que Lázaro Cárdenas debe aclarar, Mazatlán está ante igual circunstancia con la suma de 87.8 millones; Topolobampo, tiene observación por 27.8 millones y Altamira por 25 millones.
Mientras las APIs de Coatzacoalcos, Ensenada, Tuxpan, Guaymas, Progreso y Veracruz etán en los registros de la ASF con montos por aclarar de menores montos, que van de los 400 mil a los 11 millones de pesos.
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