ASM investiga peculado, nepotismo y desvíos en Gobierno de LC

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Una denuncia administrativa es llevada por la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) por faltas graves como peculado, nepotismo, cohecho y abuso de funciones; al mismo tiempo que “por faltas leves” y comisión de delitos, entre ello, desvió de recursos del pueblo de Lázaro Cárdenas.

Tal denuncia administrativa se dirige contra la presidente municipal María Itzé Camacho Zapiain y los regidores Felimón Acosta Aguirre, José Ángel Polanco Sevilla, Francisca Guadalupe Chan Panti, Rosana Alonso Flores, Oscar Daniel de la Peña Carmona, Lorena García Posadas, Zulma Nayeli Tovar Gil, Minerva Vázquez Salas, Bertha Alicia García Rico y Margarito Ortiz Vargas.

Además, contra el Secretario del Ayuntamiento, Horacio Ramírez Pérez; el Jefe del Departamento Jurídico, Francisco Alberto Rangel Salgado; el Contralor Municipal Maestro en Derecho Santiago Magallón Higareda, además del hoy ex regidor Gustavo Morales Cervantes.

Al avanzar las indagatorias, la carpeta se integra con más de mil fojas de pruebas habiendo pasado la etapa de análisis legal sobre si los hechos son o no materia de denuncia que deba conocer la Auditoria Superior de Michoacán, órgano que aceptó competencia de lo que parece múltiples actos de corrupción del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a investigación realizada y documentación reunida, en la etapa de petición y recepción de pruebas se ha solicitado la presentación de los medios que demuestren que existen funcionarios presuntamente corruptos en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

Y al haberlas recibido y analizado, considera existen elementos suficientes para pasarla a la siguiente etapa la de dictaminación jurídica para establecer que a excepción del síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo y regidor Mario Adrián Pérez Ibarra, los integrantes del Cabildo y funcionarios de primer nivel, son materia de investigaciones de delitos para remitirlos al Ministerio Público, pero sobre todo, que los actos que se les señala, son materia de faltas graves para remitir al Tribunal de Justicia Administrativa al proceso resarcitorio por peculado, cohecho, abuso de funciones y otros.

En el aspecto del reenvío a la Contraloría Municipal de Lázaro Cárdenas para que integre los expedientes contra alcaldesa, regidores, Secretario de Ayuntamiento, Jefe del Departamento Jurídico, y contra el Contralor, “existe la problemática que las pruebas demuestran que es un Contralor a modo”, estando documentado la forma ilícita como llegó “y por lo tanto les deberá pagar el favor”.

Otro problema, que parece enfrentar la ASM, es que al interior de la Contraloría trabaja la hija del Secretario del Ayuntamiento, quien filtra información encargada de acusar ante la Presidenta si el Contralor pretende actuar de manera ajena a los intereses “para los que llegó”.

La Auditoria Superior de Michoacán determinó en su acuerdo de 14 de agosto pasado, que el único regidor que está fuera del radio de investigación, es el morenista Mario Adrián Pérez Ibarra, quien, por no votar a los intereses de corrupción, sufrió como castigo persecución y le fue quitado el personal de apoyo y reducido el salario, incluso negándole el pago de viáticos de comisiones, como sí ocurre con sus compañeros en el Órgano de Gobierno.

La ASM señalo Pérez Ibarra es el único de los regidores exceptuado de la denuncia, además del Síndico.

Adentrando al tema se halló que las investigaciones continúan, pese a que han tratado de frenar denuncias y seguimiento por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

Dentro de los actos de corrupción más relevantes está el peculado de las obras fantasma que no existen, y que se cobraron y pagaron, habiendo abierto búsqueda de información sobre si fuera el motivo para remover a las extitulares de Obras Públicas y Coplademun.

Parientes de la alcaldesa y de regidores están en la nómina, siendo los casos más representativos el Secretario de Obras, que es tío de Ma. Itzé, mientras el Contralor Santiago Magallón, es pariente de la regidora Rosana Alonso Flores, quien lo cabildeó al interior del Ayuntamiento, ahora se sabe, “como la mejor opción para tapar actos de corrupción, siempre que se repartieran el dinero entre todos y le dieran la correspondiente parte”.

Durante las investigaciones, aparecen datos como que el regidor Felimón Acosta, quien fue parte de la Comisión de Juicio Político Contra el Síndico, es investigado en la Auditoría Superior por ingresos como integrante del Cabildo y a la vez, cobrar en la Secretaría de Educación Pública, como maestro.

Están en las carpetas, oficios relevantes que demuestran los actos de presunta corrupción, en donde unos acusan a otros, ahí el oficio HALC/JMT/252/2019, en que el Jefe del Departamento Jurídico señala que Santiago Magallón, en funciones de Contralor, cuenta aún con el mandato de ser apoderado legal del Ayuntamiento. Y es que salió a la luz el Poder Notarial otorgado bajo esas condiciones por el notario Miguel García Hurtado, quien otorgó sendo poder al Contralor, de manera contraria a la Ley.

Un oficio representativo que tiene la Auditoria es el HALC/JMT/249/2019, de Francisco Alberto Rangel, Jefe del Departamento Jurídico, quien al fungir como Delegado representante de todos los Regidores, la Presidenta y el Secretario del Ayuntamiento, a nombre de todos ellos y del propio, acusa que el Contralor Magallón Higareda, al tomar el cargo lo hizo sin dejar de ser Apoderado Legal y que el Ayuntamiento nunca hizo sesión del caso para pedirle dejara el mandato de Apoderado Legal.

Otro oficio de lo hecho en lo oscurito, es el HALC/JMT/25972019, del mismo Rangel Salgado en que, una vez que se ve perdido ante las investigaciones, acusa a todo el Cabildo que no emitió orden escrita de acudir al desalojo de la Contraloría el 5 de junio de 2019, con Notario sino que fue “en lo corto”; que de igual manera quien ordenó sabotear a la Contraloría para frenar las investigaciones en el Ayuntamiento fue la Presidenta Municipal, instruyendo poner cinta diurex para que nadie entrara hasta que llegara Santiago Magallón, supuestamente a destruir las evidencias.

Entre los presuntos desvíos de recursos, se sustentan viajes al extranjero fuera de la legalidad en el gasto público por la Presidente y regidores, mismos que serán revisados en próximos días por la ASM, estimándose que el daño patrimonial económico causado al Ayuntamiento rebasa los 50 millones de pesos.

Lo anterior no está desvinculado del hecho que han perdido las quejas presentadas contra el Juez Quinto de Distrito en el Amparo 319/2019, en que se negaron a abrir la información que les pedía el Juez Federal en el Caso de la Inconstitucional Destitución del ex Contralor Alejandro Sánchez García, mientras el ex funcionario, señalara que el motivo de la destitución fue que se opuso a que funcionarios desviaran más de 22 millones de pesos de dinero público.

Se ha documentado que Alejandro Sánchez, pasó el reporte de supuestas irregularidades a Sergio Pimentel, ex delegado de Morena en Michoacán, en aras de que desde adentro del partido mayoritario en el Cabildo se lograra poner orden y cumplieran los principios de la llamada 4T.

Sorprendentemente, Sergio Pimentel se apartó de los valores de honestidad a favor de Lázaro Cárdenas, traicionando al Pueblo y al obradorismo, según palabra de Sánchez García, quien no esperaba “ante información contundente”, el silencio cómplice del dirigente partidista.

En el caso, todavía hay mucha información que señala a regidores y funcionarios del gobierno que encabeza María Itzé Camacho, como una simulación de disminución de salarios. Dicha información lograda por periodistas y abogados, seguirá siendo tratada en los próximos días.