Certeza y legalidad en duda por Plan B de la reforma electoral

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Aunque se reservó opinar sobre si sería un retroceso a la democracia en México el plan B, Juan Carlos González Reyes, quien asumió como nuevo Vocal Ejecutivo de la Junta del Distrito Electoral 01 en Lázaro Cárdenas, dijo que de aprobarse la modificación, el desafío sería garantizar la certeza y legalidad de un proceso electoral, e incluso los resultados.

“Por supuesto que tenemos retos, el Instituto Nacional Electoral, ahora tiene muchos retos en efecto, por la propuesta de reforma electoral, en el conocido plan b” empezó diciendo, en referencia al proyecto que se aplica desde diciembre pasado y por el cual el INE recurrió a controversia constitucional.

El plan b, como se ha escuchado, es una reforma que de aplicarse, dejaría lugar para un vocal operativo, “lo que significa que todos los demás vocales estaríamos volando y estaría en manos del Consejo General del Instituto decidir qué vocal tomaría esas funciones, las de operativo”.

No sería garantía ser vocal ejecutivo para ser vocal operativo, explicó quien en esta Junta Distrital 01, fue Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de septiembre de 2011 a noviembre de 2017 y como parte del servicio público profesional, fue designado Presidente de esta Junta Distrital 01.

Agregó que el impacto sería mayor cuando hasta el 84.7% del personal del servicio público profesional, junto al jefe de oficina de seguimiento y análisis, estarían siendo despedidos, representando el desmembramiento del INE.

Adentró que el Dr. Lorenzo Córdoba, presidente el Instituto Nacional Electoral, ha dicho que “si no tenemos personal profesional, que somos quienes organizamos las elecciones, pues cómo se va a garantizar que digamos certeza, legalidad de un proceso electoral, y más allá, emitir los resultados”, dijo González Reyes.

Ante ello, se le preguntó si sería un retroceso para la democracia mexicana la aprobación del plan B, a ki que el funcionario electoral dijo reservarse una opinión, “porque ahí no es parte de mi competencia opinar si hay un retroceso o no”.

Del “plan B” de reforma electoral, en diciembre se aprobó la primera parte, la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que el 1 de febrero, el INE presentó una controversia constitucional, particularmente porque se modifica el concepto de propaganda gubernamental y se establecen más excepciones para que personas servidoras públicas puedan incidir a través de expresiones en una contienda electoral, de la  que establece la Constitución.

Los que rechazan esta modificación electoral, señalan que se limitará la capacidad del INE para sancionar a los partidos políticos y a los candidatos cuando cometan faltas, ya que no podrá quitarles candidaturas en los casos que excedan gastos de campañas o dejen de presentar reportes de gastos, por ejemplo.