Por Rafael Rivera y Staff Paco Rivera Noticias
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- A diferencia de los trabajadores sindicalizados, que centran sus demandas en utilidades y bonos, el personal de confianza de ArcelorMittal Lázaro Cárdenas enfrenta un problema invisible: un estancamiento salarial derivado de un sistema de evaluación.
Aunque dicho modelo –denominado EGEDP– busca reconocer el desempeño individual, los empleados denuncian que privilegia el cumplimiento de tareas administrativas sobre los resultados operativos reales.
Esta dinámica resulta contradictoria para supervisores y jefes de turno, quienes pasan su jornada resolviendo emergencias y asegurando la producción, quedándose sin tiempo para reclamos.
Sin embargo, la inconformidad aumenta por la forma en que se distribuyen los incrementos. Los trabajadores señalan que las calificaciones finales dependen de gerencias que no conocen su labor diaria y que los resultados sobresalientes están limitados por cuotas estadísticas.
Critican que el presupuesto se reparte por áreas y no por mérito, y que los ajustes salariales por ascensos se restan de la bolsa general evaluadora. Esto provoca que empleados con desempeños destacados reciban aumentos desiguales o nulos, reduciendo las oportunidades para el resto del equipo.
El impacto más crítico se refleja en la pérdida del poder adquisitivo. Mientras el personal sindicalizado ha obtenido aumentos anuales de entre el 8% y el 11%, el personal de confianza recibe entre el 0% y el 6%.
Frente a una inflación acumulada cercana al 30% entre 2021 y 2025, muchos trabajadores que han ligado varios años con 0% de incremento, experimentando una reducción real en su salario. Esto merma directamente su capacidad para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y salud, haciendo que su esfuerzo valga menos cada año.
El personal de confianza aclara que no busca confrontar al sindicato ni desacreditar a la empresa, sino abrir un diálogo serio y equitativo sobre un sistema perfectible.
Perder poder adquisitivo afecta la estabilidad familiar, así que no es un ataque, sino un llamado a la justicia laboral, sostienen.
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