Morelia, Michoacán.- Por los delitos de peculado, malversación de fondos y abuso de uso de atribuciones de servidores públicos, han sido señalados los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, así como ocho de sus colaboradores.
Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán (Secoem), informó que interpuso dos denuncias penales contra dos ex gobernadores de la entidad, quienes estuvieron en funciones entre 2012 y 2015, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos que representarían un daño al erario estatal y federal por un monto 3 mil 759 millones de pesos.
En rueda de prensa, dijo haber presentado los recursos legales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ante la Procuraduría General de la República, pero al aludir a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, se negó a proporcionar los nombres de los ex servidores públicos.
Lo que sí apuntó es que los ex gobernadores señalados “fueron electos por el pueblo”, de manera que, bajo esta lógica, estarían refiriéndose al perredista Leonel Godoy Rangel, quien gobernó el estado entre 2008 y 2012, y al priista Fausto Vallejo Figueroa, constitucionalmente electo para el periodo 2012-2015.
Cabe recordar que Fausto, por sus problemas de salud, dejó el cargo en dos ocasiones, cuando estuvo al frente del Ejecutivo estatal Jesús Reyna García, aunque terminó Salvador Jara Guerrero, al que el gobierno federal impuso como gobernador sustituto.
Al detallar que los presuntos ilícitos son peculado, malversación de fondos y abuso de uso de atribuciones de servidores públicos, dijo que entre las irregularidades notificadas por la Secretaría de Finanzas al órgano fiscalizador se señalaron por una suma que constituye un daño al erario del orden de los 3 mil 759 millones de pesos:
1.- Desvíos de las aportaciones de las cuotas de los trabajadores a la Dirección de Pensiones Civiles, por más de 92 millones de pesos entre 2014 y 2015.
2.- Daño al erario público en el Instituto de la Vivienda por poco más de 1 mil 500 millones de pesos
3.- Irregularidades por 96 millones de pesos correspondientes al pago de Participaciones Federales a los 113 municipios, que derivó en un daño superior a los 200 millones de pesos.
4.- Desvío de 1 mil 500 millones de pesos en Protección Social de Salud
5.- Daño al erario por 283 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 2012-2015.
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