Godoy, Fausto y Reyna contribuyeron al caos de La Palma

De la administración de Leonel Godoy Rangel hasta la de Jesús Reyna García, se entregaron documentos falsos para ocupar terrenos dentro de la Isla de la Palma, y como ejemplo, sólo en dos de los 18 procedimientos legales, se ha comprobado la pertenencia.

Así lo afirmó Antonio Soto Sánchez, Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), luego que fuera entregada al Congreso del Estado, la solicitud de desincorporación de 648 hectáreas de la Isla de la Palma y El Cayacal, por lo que se tendrá que aprobar dicha petición, para poder concretar la instalación de la Zona Económica Especial en el Puerto Lázaro Cárdenas.

Refirió que los seis litigios que enfrentan algunos predios en la zona, no afectarán la desincorporación del terreno y se confía concluir pronto dicho proceso.

“Es un requisito indispensable y fundamental, la desincorporación para que esto suceda. Creo que los diputados locales, están conscientes de que hay que hacerlo porque eso va a detonar económica y socialmente la región de Lázaro Cárdenas y Guerrero”, dijo el ex alcalde de Tumbiscatío.

“No creo que haya un diputado que se oponga al desarrollo integral de esa zona. Si existiera uno, que lo diga públicamente para que vea la rechifla que le dará el pueblo de Michoacán”, agregó a modo de comentario.

Respecto a los 18 predios de La Palma asegurados en febrero anterior, anotó: “Si algún funcionario, de manera ilegal entregó documentación, sin tener el poder de la firma legal, es documento apócrifo, que no tiene validez”.

Indicó que el gobierno del estado, junto a la Contraloría, están revisando todos esos expedientes para que, si ha lugar fincar responsabilidades, lo vamos a hacer. Admitió hay “algunos otros de funcionarios menores” que dieron documentos que no tienen validez. “Son en la administración de Leonel, Fausto, Reyna”, precisó.

Soto Sánchez se reunió con la nueva mesa directiva del CCE, encabezada por Agustín Arriaga, en la que acordaron sumar esfuerzos al establecer una agenda conjunta en materia económica entre la iniciativa privada y el gobierno michoacano.