Agencias/Staff
Para imagen, casi dos mil millones de dólares, es decir, unos 360 mil millones de pesos, ha gastado en cinco años Enrique Peña Nieto en su gestión como presidente de México, de acuerdo con datos de Fundar, un centro de análisis de transparencia, lo que se lee como una medida de controlar las líneas editoriales de la mayoría de los medios de comunicación en el país.
Un reportaje de The New York Times reveló que en el panorama mediático mexicano los funcionarios federales y estales dictan las noticias y exigen a los medios los temas que deben informar y cuáles no deben tocar, además que presionan para suavizar reportajes o para posponerlos.
Según entrevistas con ejecutivos, directores y periodistas, el 66% de los comunicadores mexicanos admiten que se auto-censuran.
El PRI fue pionero en el sistema de control de medios durante la presidencia de José López Portillo, práctica que se reforzó en los sexenios siguientes, incluidos los dos periodos del PAN al frente del país, y que se extendió también en los estados, donde los gobernadores gastan enormes fortunas para silenciar a los medios.
Tal es el caso de Chihuahua, donde el exgobernador César Duarte gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, lo que provocó una gran deuda pública para el estado, además de pagar recibos para sobornar a periodistas locales y se detectó la creación de portales informativos para apoyar la agenda del entonces mandatario.
“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México. Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios”, reconoció Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua.
Dinero público
La publicidad oficial inunda los medios impresos, además de la radio o la televisión. El gasto extraordinario en publicidad se produce cuando el gobierno mexicano ha reducido presupuesto a temas como salud, educación o servicios sociales.
Según historiadores, coptar a los medios de comunicación es de alta importancia para el gobierno, y esto refleja la ausencia del pacto básico que la prensa hace con sus lectores en una democracia.
El grave problema está en la dependencia que tienen los medios por la publicidad oficial desde hace mucho tiempo, lo que los imposibilita a sobrevivir de alguna otra manera; esto le da poder a los funcionarios para presionar sobre la cobertura de algunas noticias y dejar fuera otro tipo de información.
Aproximadamente 68% de los periodistas reconoció que se censura, no sólo por el miedo de sufrir un atentado o ser asesinado, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto negativo que tendría sobre el medio.
Pero la tentación no queda en los niveles federal y estatal, también atrapa a los gobiernos locales. Ahí el ejemplo en el cual el jefe de Comunicación Social de Armando Carrillo, que gobierna Lázaro Cárdenas, Michoacán, un día se presentó a una estación de radio para denunciar que pagaban a todos los medios importante suma, –vía convenios– y sin embargo, vivía el gobierno local una campaña de hostigamiento por la estación de radio que precisamente visitaba.
La confirmatoria de que callan medios por parte de un funcionario municipal puso a frente al público lo que se sospechaba. Lo malo es que lo hiciera en nombre de un gobierno que no ha dado resultados, que entrega malas cuentas a los ciudadanos, pero los partidos opositores están imposibilitados de denunciar o simplemente, señalar, porque forman parte del reparto en el propio gobierno e influyen desde el Cabildo.
El gobierno en referencia es emanado del PRI y tiene en regidores opositores a los mejores aliados, uno de ellos es, a la vez, dirigente del PAN municipal en el puerto más importante del Pacífico mexicano.
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