César Cabrera
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La Federación Regional de Sociedades Cooperativas Rivereñas, Acuícolas, Turísticas y de Servicios “General Lázaro Cárdenas”, exigió una investigación en contra de las empresas Fertinal y Carbonser, así como una reparación de los daños por incurrir en actos de ecocidio.
A través de un texto, los afectados acusan que han resultado seriamente afectados por la contaminación de tales empresas asentadas en la zona portuaria del municipio, ya que vierten sus desechos de manera directa al mar.
En el documento, firmado por el Presidente, Casto García; el Secretario, Irais Rosales Patiño; y el Vocal de Finanzas, Gabriel Arreguín Lupercio, hacen mención de que en el caso de la firma especializada en fertilizantes, la gran cantidad de sustancias que arrojan al mar es “un problema que se ha reportado en diversas ocasiones, sin tener respuesta alguna por parte de las autoridades”.
Mientras que con Carbonser, señalan que además de influir en la destrucción de manglares, cuya función va desde la desalinización del agua hasta la prevención de inundaciones, estabilización de la línea costera y control de erosión.
Un ejemplo de las afectaciones, es el aterramiento del estero “El Gasolino”, el cual, recuerdan, en temporada de huracanes, era el sitio donde llevaban a cabo actividad pesquera al no poder salir al mar.
Así también, dentro del escrito reprochan el actuar de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), ya que aseguran que “contradice su política de cruzada contra el hambre” al ser cómplice en la destrucción de zonas de reproducción para especies acuáticas de importancia comercial.
“Sabemos que el crecimiento del puerto es necesario, sin embargo, este crecimiento se realiza sin tomar en cuenta la normatividad vigente y mucho menos a la población de pescadores que se verá afectada de manera directa, ya que este crecimiento responde a intereses mezquinos que dejan mucho que desear”, subrayan.
En las últimas líneas, insisten que en reiteradas ocasiones han buscado las vías legales para que “el crecimiento del puerto se dé acorde a las necesidades del mismo puerto, ciudad y población”, siendo estos dos últimos aspectos “relegados” porque no son tomados en cuenta.
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