Morelia, Michoacán.- El juicio político para destituir al síndico municipal del Puerto michoacano, Miguel Ángel Peraldí, que interpuso en el Congreso del Estado la alcaldesa María Itzé Camacho y cuatro de sus regidores, fue rechazado por la 74 Legislatura.
Entre el caso de Lázaro Cárdenas, están otras dos demandas de juicio político, que igual fueron desechadas por los diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, en este caso, en contra de personal de servidores públicos de Zitácuaro.
Con los tres procedimientos descartados suman cinco las demandas de juicio político sin prosperar durante la 74 Legislatura, ya que la semana pasada se desechó otra demanda en contra del presidente municipal de Maravatío y antes se hizo en contra del alcalde de Nahuatzen.
De acuerdo con la orden del día de la sesión pública del pleno del Congreso del Estado se someterá del próximo miércoles se discutirá y votará los dictámenes de las comisiones unidas con los que se declaran improcedentes las denuncias de juicio político.
En el caso del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la demanda era en contra del Síndico Peraldí Sotelo, que deriva de que éste esté poniendo observaciones la administración de Camacho Zapiain y cuestionando el manejo de finanzas.
En consecuencia, en los primeros días de mayo, la alcaldesa María Itzé, acompañada de los regidores de Morena, Felimón Acosta Aguirre, Minerva Vázquez Salas, Rosana Alonso Flores y Zulma N. Tovar Gil, acudieron ante el Congreso del estado, a presentar la denuncia de juicio político y destitución de Peraldí Sotelo.
En el caso de Zitácuaro, los procedimientos eran, uno en contra de la síndica, diversos regidores y la Contralora y el otro en contra de un regidor y de la contralora.
En lo que toca a la solicitud de juicio político contra del ex edil de Nahuatzen David Otlica, se sustentaba en la no entrega de los recursos presupuestales a las comunidades Sevina, Comachuen y Nahutzen para su ejercicio directo, y se declaró improcedente al quedar sin materia luego de su asesinato.
El procedimiento en contra del alcalde de Ocampo Roberto Arriaga Colín, también se declaró improcedente y desecharon las pruebas que acercó la síndica Elizabeth Guzmán sobre supuestos manejos irregulares de los recursos públicos.
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