En 2020 distribuidor vial, la obra de mayor impacto en Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Directivos del transporte público solicitaron a Raymundo López Olvera, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, que ponga los intereses comunes de Lázaro Cárdenas y Michoacán por encima de sus particulares beneficios.

Ello por ser quien, siendo juez y parte, se inconformó ante los tribunales por el fallo del distribuidor vial de esta ciudad, la obra de mayor importancia e impacto no sólo para Lázaro Cárdenas sino para el estado entero, por la derrama que promete.

Manuel Sánchez Naranjo, Presidente del Consejo de Administración de Autobuses Río Balsas, Raúl Romero Duarte, de Autos Colectivos del Bicentenario, A.C., y de Naúm Rosas Barrera, Presidente del Consejo de Administración de Transportes Colectivos en Puertos y Aeropuertos, dijeron que no se deber esperar a que los tribunales reanuden actividades en junio o julio, sino contribuir a una salida que en materia de empleo ayude a mitigar los efectos que dejará el COVID, de mala economía no sólo a LC sino a todo México.

Al invitar al dirigente empresarial a poner de su parte, Sánchez Naranjo dijo que no debería detener desarrollos sino atraerlos y en el caso de esta obra, “ya la tenemos, por qué nos la quita”, cuestionó.

En un documento dirigido a la opinión pública, el sector del transporte urbano y suburbano en la ciudad, advirtieron que existe real riesgo de que el gobierno federal tome los 500 millones de pesos asignados por la APILAC para la construcción del distribuidor vial, y los reasigne, al sector salud, por ejemplo, ahora que está siendo impactado por la pandemia del COVID-19.

Los trabajos de construcción para modernizar la entrada a la ciudad y acabar con riesgos de accidentes y muertes, presamente en el llamado cruce de la muerte, fueron asignados el año pasado a la dupla de IDINSA e ICA, pero que se encuentran suspendidos desde febrero por la inconformidad de la empresa Loros, propiedad de Raymundo López Olvera.

Los concesionarios del transporte urbano y suburbano del municipio, demandaron que cuanto antes se reanude la obra, llamando en principio al empresario y dirigente a tener voluntad de asumir un acuerdo, y luego a las autoridades de los tres niveles que apoyen en el objetivo.

Todos los tribunales están cerrados y seguramente así permanecerán hasta finales de junio próximo, por lo que urge que ganadores de la licitación y quien se inconformó con el fallo, dejen a un lado diferencias y conflicto legal y aterricen un arreglo que los beneficie al igual que a la población de esta región, que ya empezaba a tener empleo y de la sociedad en conjunto que soñaba tendría la significativa obra.

Pidieron rápida intervención de los ejecutivos federal, estatal y municipal para que la obra no se cancele, porque ya existe la experiencia de que otras más se han cancelado y su recurso es difícil que vuelva.

El pronunciamiento del sector transporte público, se dijo, es porque de los 500 empleos que se prometen, al menos el 90% utilizarían este medio para trasladarse de su casa a la obra, una derrama que se está perdiendo por lo que parece ser un capricho, afirmaron.