Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Gobierno municipal que encabezo, tuvo que tomar acciones legales frente a la empresa ArcelorMittal, dada su renuencia para cumplir, pese a los reiterados llamados, con lo que establece la legislación local, precisó la presidenta municipal María Itzé Camacho Zapiain.
La alcaldesa, en un comunicado de prensa, detalló que la clausura parcial de la planta siderúrgica, fue en respuesta al caso omiso de la misma para regularizar su situación legal ante el Ayuntamiento.
“Como todas las demás empresas asentadas en el municipio y giros mercantiles, deben contar con su licencia de funcionamiento, como lo establece el Reglamento Municipal de Actividades Mercantiles, Industriales y de Servicios del Municipio de Lázaro Cárdenas, vigente desde el 31 de mayo del 2019”, recordó.
Aunado, deben contar con un programa interno de Protección Civil para casos de desastres y emergencias, avalado por el Sistema Nacional de Protección Civil. Si bien, tras su requerimiento formal se recibió el documento, durante su revisión se notó que carece de legalidad, ya que fue realizado, evaluado y acreditado por el mismo personal de emergencia de la empresa.
“El documento, como se estableció en su revisión, carece de legalidad, ya que la empresa no tiene registro para actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. No puede ser juez y parte de una misma causa”, puntualizó.
Anotó Itzé Camacho, que si bien la empresa acerera intentó realizar su trámite de licencia de funcionamiento, por medio de sus representantes, esta le fue negada como a todo ciudadano y/o empresa que no esté al corriente en sus pagos de impuestos y servicios, como son predial y suministro de agua potable.
Ante el posicionamiento de ArcelorMittal, tras los actos legales emprendidos por el Ayuntamiento, en los que busca desvirtuar el derecho que le corresponde a la administración municipal, la primera edil aclaró que no se recibió, ni se ha recibido de autoridad alguna, notificación del otorgamiento de un amparo en favor de la empresa, contra la clausura llevada a cabo.
Camacho Zapiain, dejó en claro que, de existir alguna determinación federal que ordene levantar la clausura, se hará sin demora, aunque insistió que la misma estuvo apegada a derecho y fue emitida en aras de proteger la integridad física de los trabajadores de la empresa y de los habitantes del municipio.
En cuanto al adeudo por concepto de impuestos que mantiene la empresa, específicamente por las actualizaciones catastrales y de predios en su posesión que no se han declarado al fisco municipal, su cobro se hará conforme a la legislación fiscal correspondiente.
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