Presionar a un pago ilegal, el fondo de clausuras: ArcelorMittal

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El gobierno municipal con la clausura al área de minas, actuó de forma ilegal, por lo que se espera que la autoridad esté consciente de los impactos de su decisión, declaró Jorge Dillon Caballero, Director de Relaciones Gubernamentales de ArcelorMittal México.

Sostuvo que el gobierno miente cuando dice que no se ha tramitado la anuencia municipal para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) libere el permiso de uso de explosivos, ya que en dos fechas se ha solicitado, el 7 y 15 de octubre.

Aseguró que el fondo del asunto es presionar a la empresa para poder aceptar un incremento al impuesto, sin embargo, es el gobierno municipal quien se retiró de la mesa de pláticas que se realizaba con la mediación de la Secretaría de Gobernación.

Calificó de ilegal la clausura de la mina Las Truchas del 30 de octubre, ya que la situación es bastante apremiante, al tratarse del primer eslabón de la cadena productiva y el área proveedora de materia prima para producción de acero. Cualquier interrupción, es un impacto serio y profundo al tener muy pocas reservas de mineral de hierro.

Es, dijo el funcionario, cada vez más latente la posibilidad de tener que embancar el Alto Horno, luego de un enorme esfuerzo para su modernización, la cual, representa beneficios económicos para la región.

Es muy irónico que la planta esté cumpliendo 44 años de inaugurada y se tenga situación tan lamentable, donde en lugar de contar con la coadyuvancia de un gobierno municipal, pareciera que se está haciendo todo lo posible por cerrarnos para de un sitio de producción, pasar un parque fundidora, que rememore que se hacía acero.

Respecto a que la alcaldesa dijera que la empresa no solicitó el documento de anuencia para que Sedena otorgue la licencia, señaló que el 29 de octubre, se suspende el permiso por la Secretaría, suspensión que no quiere decir que no se cumpla con las condiciones de seguridad, dado que se cuenta con un dictamen de Protección Civil del gobierno local, expedido el 7 de octubre y con inspección por Sedena que hace constancia del cabal cumplimiento de las medidas para evitar robos, sustracción o accidentes en los polvorines.

Hay falsedad en lo dicho por la alcaldesa, dado que hay dos documentos presentados solicitando la conformidad, para las cuales en teoría no debería haber ningún problema, puesto que hay dictamen de Protección Civil, que asienta que las condiciones en minas son las adecuadas para operación y actas de inspección de la Sedena, añadió.

A pregunta expresa, dijo Jorge Dillon que no entraría a la dinámica de retarse, dado que hay posibilidad de recurrir a los instrumentos de defensa, cuando exista, ya sea reglamento, acto inconstitucional o arbitrario.

Señaló que no le gusta ser alarmista ni hacer tocar la campana de forma innecesaria, pero es sabido por todos que se atraviesa un momento complicado, una crisis sanitaria; desde 2019 no había crecimiento del PIB, con un impacto a las deferentes industrias, entre ellos, la de la construcción y automotriz, directamente vinculadas a ArcelorMittal.

“Lo último que necesitábamos es que el gobierno de forma deliberada tomara estas determinaciones para presionar a la empresa a poder aceptar un incremento al impuesto del pago al predial, que déjame y lo digo con todas sus palabras, es el propósito, es el fondo del asunto”.

Aquí no hay mucho misterio, se quiere llevar a la aceptación de incremento legal e injustificado, el cual ha sido parte de un proceso de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde ha faltado voluntad por el gobierno municipal, asentó.

Aclaró que ArcelorMittal se mantiene en la mesa, y no fue acción más madura (la de Itzé Camacho) de abandonar las pláticas para ir a realizar otra clausura, ahora en minas.