Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo reiteró la exigencia de la mayoría que conforma el Órgano de Gobierno, de que se haga una sesión de Cabildo para que tanto la encargada del despacho de la Tesorería, Ángeles Berenice Olea Escobar y el Contralor Municipal Santiago Magallón Higareda, informen de la situación actual que guardan las finanzas municipales y en general la administración municipal, del 5 de marzo a la fecha en que renunció al cargo el Tesorero Manuel Esquivel Bejarano.
Sostuvo que una reunión de trabajo no tiene legalidad ni queda asentada en los libros de la administración, por lo que no desistirán de que se convoque y se trate el tema, planteado desde la semana pasada.
En este sentido, dijo que los siete regidores, los morenistas Alejandro Soberano Ramírez, Mario Adrián Pérez Ibarra, Bertha Alicia García Rico y Zulma Nayeli Tovar Gil, así como el del PT, Jesús Mayoral Zamora, el perredista Oscar Daniel de la Peña Carmona y la panista Lorena García Posadas y él, en condición de Síndico Municipal, no asistirán a la reunión de trabajo que anunció la alcaldesa Itzé Camacho Zapiain, convocaría para este martes, de la cual no ha tenido la invitación respectiva.
Esa reunión es ilegal afirmó Peraldí Sotelo, porque no está contemplada en la Ley Orgánica Municipal. “No se a qué le tiene miedo la alcaldesa, el derecho a la información no es algo simple, es alto que está garantizado en la Constitución y la ciudadanía tiene todo el derecho de conocer cómo están las finanzas municipales y en general toda la administración de este gobierno”.
“El Síndico y la Comisión de Hacienda, estaremos atentos al desarrollo del gasto público y así como hicimos observaciones en la cuenta pública 2020, también podremos hacer observaciones a las cosas bien hechas, pero la cuenta del año pasado no corrió esa suerte, por lo que ya hemos señalado”, agregó.
Asimismo a nombre de sus compañeros a quienes por órdenes de la alcaldesa han sufrido la baja de personal administrativo a su servicio, dijo que este tipo de personas no tiene por qué sufrir las consecuencias de las represalias de la presidente municipal por haberle reprobado la cuenta pública.


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