Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Con diputados, su Cabildo, comerciantes, deportistas, periodistas, empresarios, el gobernador del Estado y ex colaboradores tuvo desencuentros y pleitos, que a veces eclipsaron los logros y las buenas acciones de gobierno. A la fecha subsisten denuncias penales en su contra.
Este 31 de agosto acaba el gobierno de María Itzé Camacho, quien, al haber sido reelecta, tendrá una nueva oportunidad en el periodo 2021-2024, ahora, con un Cabildo al que sus opositores llaman “a modo”.
Los pleitos más sonados de la alcaldesa, han sido con su excontralor, el doctor Alejandro Sánchez, y con el síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, a quien se le conocía militancia panista y fue invitado a la administración morenista, tras ser defensor de su padre, Desiderio Camacho, al que Alfredo Castillo –en su calidad de Comisionado de Seguridad– llevó a la cárcel, acusándolo de enriquecimiento ilícito y operaciones con dinero de procedencia ilícita.
La riña entre la presidente y el síndico, empezó apenas a los seis meses de la administración, en febrero de 2019, cuando la jefa de la Comuna acusó que si las cosas iban mal era por obstrucción de la Sindicatura, y su responsable aludido respondió no buscaba protagonismo sino que las cosas se hicieran conforme a ley, y que “no sería un síndico a modo”.
Peraldí Sotelo y algunos regidores, reprobaron algunas cuentas trimestrales, señalando que no les entregaban información completa y aquella que les hacían llegar era confusa o que plantaba dudas, en manejo de recursos, salarios y bienes.
Entre los puntos de molestia para la alcaldesa, estuvo que se cuestionara el contrato de arrendamiento del inmueble que ocupaba el Director de Seguridad, Samuel Tapia, y las finanzas del Capalac, organismo que recibía fuertes subsidios económicos.
La administración municipal enfrentó un embargo a las cuentas federales, y la alcaldesa acusó que las inconsistencias IMSS derivan de responsabilidad de Sindicatura con graves daños al erario municipal. El síndico respondió, “estoy haciendo mi trabajo, soy síndico y no voy a simular nada”.
El distanciamiento se mantuvo, y el síndico lideró a un grupo de regidores que rechazó la Cuenta Pública 2020, luego ya por su lado, presentó recursos de queja ante los órganos electorales durante las elecciones de este año, cuando Camacho Zapiain trabajó su reelección.
En octubre y noviembre de 2019, la ciudadana tuvo choque con el sector comercio de la ciudad, al cual terminó dividiendo, luego de querer imponer que el tianguis navideño se desarrollara en la avenida Manuel Buendía, y no en el corredor de la Secundaria Técnica 12, en la avenida Lázaro Cárdenas.
Tras varias reuniones, terminó no solo cediendo a que se instalaran donde era costumbre, sino regalando el permiso, así que no cobró el área de Reglamentos Municipales lo que cada temporada obtenía de la instalación de más de 100 comerciantes, tanto en la Plaza Lázaro Cárdenas, como en el parque lineal de la ciudad. Ellos, ante “el gesto de la alcaldesa” regalaron juguetes y ropa al Ayuntamiento.
En enero de 2020, la diputada local Teresa López Hernández cuestionó la conducción de la administración municipal en manos de Itzé Camacho, luego de que trabajadores eventuales y basificados acusaran no pago de aguinaldo.
La legisladora dijo tener interés de hablar con la alcaldesa, también por los señalamientos de nepotismo y la incapacidad para hacer proyectos que atraigan recursos al municipio.
Itzé Camacho declaró que para pelear se necesitan dos, “Yo no le entro a pelear. Si ella (Teresa) tiene otros datos, aquí estoy para platicarlos abiertamente”. Ocurrió que para dirimir diferencias intervino el comité estatal de Morena, que llamó a sus militantes a Morelia.
Un desencuentro más de María Itzé, tuvo lugar en febrero de 2020, entonces con los deportistas y Liga Municipal de Futbol y Beisbol, casi a las puertas de la Expo Feria de ese año.
Se quejaron que sin avisarles ni considerar la programación de juegos, la administración municipal determinó usar las canchas útiles para el desarrollo de actividades deportivas de las Ligas mencionadas, ocasionando incluso un “agarre” entre la jefa de la Comuna y los delegados deportivos.
En una parte de la discusión, la ciudadana dijo “quédense pues con sus espacios”, recordándoles que se trataba de lugares municipales, y ellos reviraron que les costaba el mantenimiento del cual no se ocupa el Ayuntamiento.
Equiperos denunciaron que tras el desencuentro, la autoridad municipal, no sólo buscó presionarlos con mensajeros, sino que llevaba a cabo una razzia policial, argumentando que en los campos deportivos se estaba tomando cerveza.
Luego para tratar de limar asperezas les ofreció crear un fondo económico para garantizar reparaciones, entre ellas de trabajos para la nivelación de los campos de futbol.
El pleito fue gratuito, la contingencia sanitaria impidió la realización de la Expo Feria. Las actividades se reprogramaron en principio, después, al seguir el Covid, se cancelaron definitivamente.
Otro pleito, derivado del contrato que la alcaldesa y el entonces tesorero hoy síndico municipal electo, firmaron con la empresa queretana Tax Company, fue el que llevó a la edil a clausurar primero áreas administrativas de la empresa ArcelorMittal y luego en el área de Minas.
En julio de 2020, a raíz de que la acerera se negó a pagarle más de 130 millones de pesos que el gobierno de Itzé Camacho pretendió hacerle por actualización catastral, derivaron los actos de colocación de sellos de clausura. El pleito escaló y la acerera recurrió a denuncias penales contra la autoridad, y cuando el consejo empresarial y la asociación de industriales de Michoacán se pronunciaron, intervino la Secretaría de Gobernación federal.
El pleito que subsiste es el que Itzé Camacho abrió con el doctor el derecho, Alejandro Sánchez García, quien a propuesta de Morena Michoacán, para el papel de Contralor, tumbó la carta que se cabildeó en la administración morenista del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Sus funciones fueron del 11 de septiembre de 2018 al 5 de junio de 2019, cuando repentinamente fue destituido.
El contralor Alejandro Sánchez, realizó observaciones de que la Tesorería Municipal estaba incurriendo en graves responsabilidades al pagar obra pública y señaló también al Secretario de Obras Pública, de estar haciendo mal algunas obras, o de que se le autorizaba su pago sin que las obras se hubieran realizado.
Ante esos señalamientos, la alcaldesa usó al Cabildo para “quitárselo de encima”, afirmó el síndico municipal, quien reprobó la salida del Contralor.
El doctor Sánchez García recurrió ante la Auditoría Superior de Michoacán, Congreso del Estado y área anticorrupción de la Fiscalía General del Estado con denuncias y documentación de los manejos de la administración de Itzé Camacho, y las quejas penales siguen abiertas.


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