Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Aunque dijo que la clausura de los trabajos del Parque Ecoturístico Amalia Solórzano ocurrió por una dependencia federal, la alcaldesa Ma. Itzé Camacho, acusó que fue “un tema meramente político”.
Al preguntarle si padeció “fuego amigo” porque se sabe que fue Profepa (del gobierno federal morenista) quien ordenó detener los trabajos, a lo que respondió que “hay que saber bien el chisme” porque “una dependencia estatal es la que nos puso el dedo”.
Luego corrigió la plana señalando que en realidad había sido un anónimo quien denunció, y a pregunta expresa de este reportero, afirmó que los permisos legales y ambientalistas están en orden.
Es que “no puedo hacer algo porque todo les molesta, y esa obra la frenaron legalmente con fabricación de denuncias”, atizó respecto a la obra que se levantaba en Playa Tortuga y a la que se destinaban más de 23 millones de pesos, aunque nunca hubo un corte que informara de los recursos.
Señaló que la edil morenista que su administración ya está dando trámite para que Profepa falle y diga si la clausura definitivamente o la libera para continuar porque está dañándose por abandono y vandalismo.
Comentó que “lo mismo que pasó con el Distribuidor Vial, ¡lo mismo!”, a modo de queja porque la obra fue detenida, cuestionando este reportero si bien hecho un proyecto y cumpliendo la reglamentación ambiental, técnica y legal, se puede frenar.
Al respecto, dijo Camacho Zapiain que “No podemos hacer esa obra, necesitamos una resolución de los tribunales o Profepa que permita meterle mano y terminarla”.
Al señalar que está vandalizada la obra, afirmó que no es que no se tengan los recursos sino que hay una detención de una dependencia federal por lo que legalmente está frenada.
La alcaldesa sostuvo que en Parque Ecoturístico la clausura obedece a una denuncia “de que estaba mal acá; estábamos antes de las elecciones fue que detuvieron, fue tema meramente político, y una vez entrampada con el tema legal tardó, pero espero que pronto den fruto las inconformidades y podamos meterle mano y acabarla”.
Sobre tiempos y cómo iría el proceso, dijo que lo sabría el área jurídica y “no lo sé y no quiero meter la pata”, aunque aun esa información “puede estar sujeta a gente envidiosa”.
De acuerdo a datos que tiene este medio, la clausura (en mayo de 2021) motivó sanción de 450 mil pesos al gobierno municipal, por apartarse del proyecto que se autorizó y se consignó la exigencia de apego o hacer de nueva propuesta a la que fuera elaborada y presentada por el Fideicomiso 752.
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