Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Derivado de inadecuada firma electrónica e impugnar el fallo por la vía equivocada, la Fiscalía General de la República –FGR–, perdió el caso de un subsidio supuestamente ilegal por un monto superior a los 12 millones de pesos contra Jaime Nova Palma, ex administrador de la Aduana en este Puerto de Lázaro Cárdenas.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal en Michoacán falló en primera instancia en favor de Nova y Alejandra Estefanía Rincón Alvarado, verificadora de la Aduana, en el proceso por presunto delito de uso ilícito de sus atribuciones y facultades.
De acuerdo al expediente, los magistrados desecharon la impugnación de la FGR contra el amparo concedido por un Tribunal Unitario porque la Fiscalía presentó por error su recurso a través del correo electrónico, una vía no establecida por la ley, y sin la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL),
Lo correcto, debió haber sido presentar el recurso de revisión a través del Portal de Servicios en Línea, donde se requiere de la firma certificada en cuestión, sin embargo, Erika Guadalupe Hernández Hilario, agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, lo hizo vía email. La única forma de constatar la identificación, vigencia y autenticidad de la FIREL, es mediante un recurso del Portal del Servicio en Línea del PJF, dicen el fallo de los magistrados.
Por ponencia del magistrado David Huerta, el colegiado desechó el recurso de revisión presentado por el Servicio de Administración Tributaria –SAT–, al estimar que este organismo no tiene legitimación para inconformarse en contra de las sentencias de amparo aunque puede hacerlo cuando existe en el acto afectación a su patrimonio, lo cual no ocurre en el particular caso.
La sentencia deja firme el fallo dictado el pasado 31 de marzo por el Primer Tribunal Unitario de Michoacán, que falló a favor de Nova y Rincón, al estimar que la imputación de la Fiscalía carece de datos mínimos de prueba.
Es de señalar que Nova Palma fue uno de los 32 administradores de la Aduana de los 49 en todo el país que el SAT removió de sus cargos en abril del 2021, ante las sospechas de supuestas irregularidades administrativas y actos de corrupción.
El señalado subsidio supuestamente ilegal de más de 12 millones de pesos contra Jaime Nova, ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, se remonta al 2020. El 9 de marzo de ese año, arribó una embarcación a este Puerto, con más de 2 millones de diésel automotriz importado en un par de pedimentos de Impulsora de Productos Sustentables –SAPI de CV–.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción acusó a Jaime y Alejandra Estefanía de otorgar de manera lícita un subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios –IEPS– y dicho procedimiento de importación del hidrocarburo, lo que implicó una omisión de contribuciones por 12.2 millones de pesos.
La defensa de los exfuncionarios encabezada por Mauricio Flores, argumentó que la Fiscalía confundía estímulos fiscales con subsidios, y que sus clientes no otorgaron subsidios ni una exención de impuestos, dado que una agencia aduanal realizó las declaraciones de la autodeterminación del estímulo fiscal, siendo el caso de Valdez & Woodward, S.C.
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