Denuncian despojo con el uso de la fuerza pública

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Al demandar alto a la criminalización de la lucha social, comerciantes, en su mayoría indígenas, denunciaron que el gobierno municipal los despojó de sus espacios de trabajo.

En denuncia ante las organizaciones sociales y para los organismos defensores de los derechos humanos, lamentan que la administración de la alcaldesa Ma. Itzé Camacho Zapiain, despoje “a los más vulnerables, a los que menos tienen”.

Denuncian lo sucedido el pasado sábado 3 de diciembre, cuando más de 20 patrullas “haciendo gala de sus armas largas se presentaron bajo las órdenes de la Presidente Municipal Itze Camacho Zapiain, a través del Inspector de Reglamentos Luis Rubén Galeana, para desalojar a cerca de 60 pequeños comerciantes miembros de la Unión de Comerciantes en Lucha Hermanos Flores Magón”.

Narran que desde hace 4 años vienen trabajando en esta temporada decembrina en el Parque Lineal, por lo que muchos solicitaron un crédito, sin embargo, no podrán vender sus productos y pasarán una amarga noche de navidad, lo que desde luego no le importa al gobierno local que tendrán recursos y aguinaldo “provenientes de los impuestos de nuestro pueblo”.

Su molestia es porque no conformes con despojar de sus espacios de trabajo a sus compañeros, la Presidente Municipal decidió dejar sin seguridad a todas las colonias y tenencias del  municipio poniéndolas a cargo de su inspector de Reglamentos.

Teniendo la orden encarcelar y golpear, siendo ejemplo de su bárbara conducta las heridas a Ariana Flores y la detención de Edgar Rivera Calvo, a quien también golpearon y lesionaron del cuello, por el simple delito de estar grabando con su celular el criminal acto de represión.

Pero “la represión no paró ahí”, el gobierno municipal después de tratar de justificar su reprobable actuar, con el señalamiento infantil que la Escuela Secundaria Técnica 12 no quiere en el Parque Lineal a los comerciantes indígenas, ordenó denunciar penalmente ante la Fiscalía Regional del Estado a Sebastián Galván Ramírez, dirigente de la Unión de Comerciantes en Lucha Hermanos Flores Magón y a Edgar Rivera Calvo, miembro de la misma organización.

“…con ello, este gobierno municipal no tiene empacho en continuar con su vocación represora, como en su momento lo hizo contra el compañero Florencio Morales, Mariano Parral, y Miguel Marcial, acusándolos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión, sabotaje, secuestro, entre muchos”.

Añaden: “De igual manera, lo han hecho azuzando a terceras personas, apoyadas por este gobierno para denunciar penalmente a la compañera maestra Gabriela Estéfani Zepeda Romero, dirigente de la Unión de Tianguistas Independientes, y de manera ruin y cobarde, en falta de respeto a adultos mayores, ha azuzado a una señora de 60 años contra la compañera Ma. Soledad Rebollar Betancourt, del Club de la Tercera Edad “Amor y Lealtad”.

Rebollar, quien actualmente tiene 84 años, enfrenta delitos inventados y denuncia penal en la Fiscalía por oponerse a la mesa directiva impuesta por la Presidencia Municipal. Tal situación de hostigamiento y citatorios jurídicos, tanto en el DIF como en la Fiscalía, han deteriorado su estado de salud.

Las organizaciones denunciantes, establecen que tales acciones represivas se dan en un contexto de cooptación de algunos sindicatos como en su momento lo presumió el Síndico Municipal, al mencionar que todo el magisterio estaba de su lado “y que las organizaciones ya no tendríamos su apoyo”.

Los denunciantes, entre quienes está el Frente Popular Revolucionario, Colonias Unidas por Las Guacamayas, Unión de Tianguistas Independientes y Organizaciones Indígena y Popular Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, insisten que el único delito que han cometido sus compañeros es pensar distinto y buscar resolver demandas sociales en favor de los que menos tienen mediante la exigencia de justicia.

Retomó que el único delito en el caso de los comerciantes, es ser mayoritariamente indígenas, purépecha, nahuas, mixtecos, otomís, entre otros, “lo que desde luego choca con las actitudes discriminatorias y racistas del actual gobierno que decidió entregar la mayor parte de los espacios a los caciques del comercio local”.

Cerraron su denuncia de los hechos, apuntando que ante el nulo avance en la solución a demandas sociales planteadas y la “ofensiva fascista” hacen responsables a la Presidente Municipal de agresiones o atentados en contra de sus compañeros.