Ciudad de México.- En respuesta a múltiples informes publicados y que indican que las autoridades mexicanas vigilaron las conversaciones del activista de derechos humanos Raymundo Ramos con periodistas, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió la siguiente declaración de condena:
“Las revelaciones de que las autoridades mexicanas han seguido espiando a los activistas, incluyendo sus comunicaciones con periodistas, es una confirmación impactante de que las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal no se han cumplido”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
“El hecho de que los funcionarios involucrados en el espionaje no hicieran rendir cuentas garantizaba que poco cambiaría. Solo una investigación creíble, rápida y transparente sobre estos abusos demostrará que el gobierno está tomando en serio tales acciones”.
Un informe conjunto publicado el martes 7 de marzo por The New York Times y el medio mexicano independiente Aristegui Noticias mostró que las autoridades militares utilizaron el software de vigilancia Pegasus diseñado por la firma israelí NSO Group para espiar a Ramos.
Según ese informe, una unidad de inteligencia de la Secretaría de Defensa de México atacó el teléfono de Ramos en numerosas ocasiones entre 2019 y 2020, y escuchó conversaciones que tuvo con periodistas del periódico El Universal sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles en el estado norteño de Tamaulipas. Los documentos también revelaron que la secretaría acusó a Ramos de trabajar para una banda criminal en el estado.
López Obrador, quien asumió el cargo en 2018, prometió que su gobierno pondría fin a la vigilancia y negó el uso continuo de Pegasus. Las investigaciones anteriores sobre el uso de Pegasus no han llevado a la detención de funcionarios públicos presuntamente responsables de la vigilancia.
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