El Movimiento del Sombrero LZC estará contra de las arbitrariedades

Por Rafael Rivera Millán

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Movimiento del Sombrero de Lázaro Cárdenas, siempre estará en contra y denunciará públicamente las arbitrariedades que se comentan en contra de la ciudadanía, a pesar de las amenazas que por ello se reciban, afirmaron el ingeniero Óscar Daniel Domínguez Valencia y la ciudadana Yesenia Ortiz Serrano, integrantes de esta agrupación.

Luego de viralizarse la protesta que a nombre de dicho movimiento se hizo desde el pasado miércoles, encabezada por Carlos Guízar Mendoza, representante en este municipio del Movimiento del Sombrero, tras de que elementos de tránsito y de seguridad pública, retiraron con el apoyo de grúas, 11 vehículos que se encontraban estacionadas sobre la avenida Rector Hidalgo de esta ciudad, en inmediaciones de las oficinas del SAT, se determinó presentar por escrito dicha informidad.

Precisaron que la queja administrativa e inconformidad ciudadana presentada durante el transcurso del jueves 14 de mayo en las oficinas del presidente municipal, Manuel Esquivel Bejarano, nada tiene que ver con cuestiones partidistas o políticas, porque se sustenta en defensa de los derechos de los ciudadanos que fueron violados por dichas autoridades.

Concretamente dijeron, la queja presentada por escrito, fue respecto de diversas actuaciones desplegadas por autoridades de tránsito y corporaciones de seguridad en el Municipio, relacionadas con el retiro y remisión de vehículos particulares a depósitos vehiculares o corralones, ello por considerar que en múltiples casos dichas medidas se ejecutan de manera desproporcionada, excesiva y apartada de los principios constitucionales y legales que rigen el actuar de la autoridad administrativa.

Esta situación indicaron (el hecho de haberse llevado 11 vehículos a un corralón particular de una empresa de grúas), causa problemas económicos a los propietarios de esas unidades, quienes pese a encontrarse en las inmediaciones donde estaban estacionados los automotores, no fueron notificados o reconvenidos por la autoridad en vialidad, para que los retiraron personalmente, sino que sin importar incluso las súplicas de una señora que estaba a bordo de su coche, procedieron a subirlos a las grúas y llevarlos al corralón, en donde la tarifa para ser recuperados, era de cinco mil pesos por vehículo.

La queja por escrito les fue sellada de recibido, y se les comentó que dependiendo de la agenda del alcalde Manuel Esquivel, pudiera suscitarse una reunión entre los inconformes y él, pero no hay fecha para ello, ni tampoco alguna respuesta inmediata para que no se cobrara esa que consideran excesiva cantidad por el arrastre de esos vehículos a un corralón.

Comentaron que en materia de movilidad y tránsito, si bien las autoridades municipales poseen atribuciones legales para infraccionar conductas contrarias a la normativa vial e incluso ordenar el retiro de vehículos en casos excepcionales, dichas facultades no pueden ejercerse de manera arbitraria, automática ni con fines meramente recaudatorios, como fue lo ocurrido el pasado miércoles.

En el escrito de queja, del cual este diario posee una copia, se indica que resulta particularmente delicada la situación que la originó, pues el actuar coordinado entre autoridades de tránsito, SEDENA , Guardia Nacional , Guardia Civil, concesionarios de grúas y corralones particulares, genera una percepción social fundada de que el verdadero propósito de estas medidas no es garantizar el orden vial ni la seguridad pública, sino consolidar esquemas recaudatorios sustentados en el aseguramiento indiscriminado de vehículos, y ello vulnera directamente el principio constitucional de seguridad jurídica y desnaturaliza la función administrativa del Estado.

En el escrito aludido, le dicen al alcalde y a las demás autoridades en vialidad y de seguridad pública, que antes de privilegiar medidas coactivas y sancionatorias, la autoridad debe priorizar acciones preventivas, informativas y de educación vial, que permitan a la ciudadanía conocer con claridad las disposiciones aplicables y las consecuencias legales de su incumplimiento.

Finalmente precisan que la citada queja e inconformidad ciudadana, no tiene como finalidad promover actos de impunidad, desobediencia civil o incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, por el contrario, afirman que “quienes suscribimos el presente documento, somos plenamente respetuosos del Estado de Derecho, de la legalidad y de las facultades constitucionales y legales que poseen las autoridades encargadas de la seguridad vial, tránsito y movilidad en el municipio de Lázaro Cárdenas”.

Óscar Daniel y Yesenia, denunciaron públicamente ser objeto de amenazas por haber participado junto con Carlos Guízar en esta protesta ciudadana, por lo que alertaron a las autoridades correspondiente de velar porque no les suceda nada que pueda lesionar su integridad física o patrimonial.