Un abuso en Acalpican de Morelos amenaza el hogar de doña Rosalinda

Por Francisco Rivera Cruz

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La función primordial de un Encargado del Orden o de cualquier autoridad comunitaria no es imponer la fuerza ni confrontar a los vecinos, sino conciliar, escuchar y velar por el bienestar colectivo. Sin embargo, en esta comunidad del municipio de Lázaro Cárdenas, la mediación ha sido sustituida por el amedrentamiento y la arbitrariedad.

​Mediante la Carta Invitación No. 3900, expedida por el Departamento de Planeación y Ordenamiento Urbano del Ayuntamiento, se le ha exigido a la Sra. Rosalinda Ortiz Zepeda, vecina de la calle Hermenegildo Galeana, que en un plazo irrazonable de 24 horas derribe la fachada de su vivienda por una presunta invasión de 1.20 metros a la vía pública.

​Lo que la autoridad local pretende calificar de manera simplista como una “obstrucción”, en realidad es una barrera de protección hidráulica que la Sra. Rosalinda y su familia construyeron hace cuatro décadas. En aquel entonces, hace más de 50 años cuando ella llegó a radicar al lugar, “nada tenía trazo ni traza”. La fachada no es un capricho estético: funciona como un dique vital y cuenta con un sistema de sifón que evita que las crecientes de agua de lluvia y los desbordamientos del canal de riego colindante inunden no solo su hogar, sino el de las viviendas vecinas.

​La prisa por derribar la estructura responde al inicio de una obra de pavimentación. Irónicamente, a la Sra. Rosalinda, una mujer de trabajo y de paz, se le ha pedido colaborar con la aportación de 16 toneladas de cemento para dicha obra, pero a cambio se le exige destruir el único muro que protege sus bienes y su tranquilidad.

​El acto de autoridad no solo carece de empatía, sino que ha sobrepasado los límites de la convivencia civil:

​Falta de diálogo y diagnóstico técnico: El Encargado del Orden, Tomás Solorio García, lejos de realizar un peritaje o buscar una solución técnica conjunta para el desvío de cauces de agua, influye arbitrariamente a la modificación el proyecto de pavimentación de 8 a 10 metros, orillando a la destrucción de la protección.

La afectada denuncia que la autoridad local incitó el descontento de los demás colonos en su contra y, de manera amedrentadora, golpeó la pared de la vivienda sentenciando su destrucción inmediata.

​Pretender ejecutar una demolición en 24 horas a través de una simple “Carta Invitación” atropella el derecho de audiencia de una ciudadana que ha contribuido al desarrollo de la comunidad por más de medio siglo.

Un representante comunitario no puede actuar como ejecutor de sentencia ni como generador de conflictos. Su deber es tender puentes entre la normativa municipal y las realidades históricas y topográficas de su gente. Exigir la destrucción de una barrera contra inundaciones sin ofrecer una alternativa técnica es condenar a una familia a perder su patrimonio bajo el agua.

​”¿Qué autoridad me podrá escuchar?”, se pregunta hoy doña Rosalinda.

​Ante este atropello, se hace un llamado urgente a las autoridades en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, a la Secretaría de Obras Públicas y a los organismos de Derechos Humanos para que intervengan, frenen este acto de prepotencia, revisen el proyecto de pavimentación y garanticen una solución justa que respete tanto el ordenamiento urbano como el derecho a una vivienda digna y segura.