Reprueba gobierno de LC en rendición cuentas y transparencia

El gobierno morenista que encabeza María Itzé Camacho Zapiain, termina reprobado total y absolutamente en lo que ve a rendición de cuentas y transparencia, señaló el síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo.

En amplia entrevista, el abogado dijo que la alcaldesa puede estar arrepentida por haberlo invitado y no haber sido cómodo o síndico a modo, ilustró que el mejor ejemplo de que en transparencia se quiso hacer una interpretación particular y apartada de la ley, es el hecho de tener una cuenta anual reprobada, la de 2020.

Por una mayoría de los miembros del órgano de gobierno, rememoró, se reprobó la cuenta y así fue entregada a las autoridades inspectoras, la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso del Estado.

Y la reprobación fue producto de un análisis, en el que se encontró opacidad en rubros como gasto social que elevó millones de pesos para ayudas y en realidad se metieron honorarios profesionales, pavimento y hasta préstamo personales, siendo un caso a un empleado municipal por una suma de 250 mil pesos.

En lugar de respaldo para compra de medicinas a ciudadanos, gastos funerarios y pasajes para atender emergencias de salud o familia, había de chile y manteca, y los apoyos eran a colaboradores de la administración.

La administración de la que forma parte, dijo el síndico, coleccionó errores, y en prueba que no termina la curva de aprendizaje iniciada en septiembre de 2018, recientemente llega a Oficialía Mayor un perfil que no le ayuda a la administración, pues ignora todo de condiciones generales de trabajo, de la ley en esa materia y de trato al personal de la Comuna.

En su tarea inspectora y de salvaguarda a los recursos públicos y el patrimonio municipal, dijo Peraldí Sotelo, detectó obras inconclusas, pero reportadas como concluidas, ahí la avenida Heroica Escuela Naval Militar que se documenta tres veces pavimentada “y quienes vivimos en la zona sabemos que ni un metro de pavimento o asfalto ha recibido”.

Producto de la opacidad y de ocultamiento de la información que debería ser pública por ser del manejo de recursos de todos, es el Fideicomiso 752 y el contrato de Tax Company, empresa queretana que se contrató para actualización catastral.

Advertí que el contrato era ilegal por la suma de recursos que cobraría, el 25 por ciento, ya que con tal de llevarse la mayor cantidad el criterio de actualización podría representar problemas, como ahora se tiene dado que los pagos se elevaron de 200 a 300 por ciento, anotó.

Con todo que era contrato ilegal, se firmó y luego se rompió, sin saber qué costó a la administración, sólo tener datos de que al principio y para facilitar los trabajos, Tax Company obtuvo 6 millones de pesos, que entregados en 2019, ocasionaron un ajuste contable en 2020.

Los directivos de la empresa se acercaron a él, dice el Síndico, para que firmara recisión del contrato, por lo que pretendían una suma superior a los 19 millones, no acepté, y jamás se accedió a informar por la presidente o el tesorero, en qué cerró el caso.

En esa actualización y pretensión de ganar la más elevada cantidad, de ArcelorMittal se requirió 150 millones de pesos, que llevaron a desgastar una relación ya que la acerera terminó pagando 2,5 millones de pesos.

Peraldí Sotelo, dijo que en lo que va de la administración ha habido alguna pérdida menor de bienes, y que el faltante más notable que es en el parque vehicular, donde 12 carros en buen estado y 40 chatarra no se recibieron del anterior gobierno. Están en inventario del Ayuntamiento pero físicamente no aparecen como tampoco las facturas respectivas.

El caso, se reportó a la Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía anticorrupción y al Congreso del Estado.

El funcionario, dijo que la administración termina totalmente reprobada en transparencia y rendición de cuentas, y se le debe reconocer algunos logros, por ejemplo los de obra, “que claro, sin ser graciosa concesión”, es obligación porque cobra impuestos y le ingresan recursos.