Lázaro Cárdenas, Michoacán.- A semans de la última asamblea extraordinaria para la revisión contractual de la Sección 271 del Sindicato Minero, se mantienen los señalamientos de presuntas violaciones a los derechos laborales de la base trabajadora, presiones intencionadas para avalar acuerdos y la omisión del voto personal, libre, directo y secreto.
Los hechos
De acuerdo con las denuncias de la propia base obrera, durante la presentación del pliego petitorio se promovió la aprobación a mano alzada en lugar de llevar a cabo el procedimiento formal de votación secreta exigido por la norma laboral.
Asimismo, se señala la intervención de Marcos Chávez, primer vocal del Consejo General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero —quien aspira a una candidatura a la diputación federal por el Distrito 1—, a quien acusan de reprimir, hostigar y señalar a los agremiados que manifestaron su desacuerdo.
En fechas recientes, también se reporta una campaña de presión hacia los socios sindicales para firmar de manera no del todo voluntaria la conformidad con las negociaciones, presuntamente para justificar la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El marco legal
Los procedimientos denunciados entran en directa contradicción con el marco legal vigente:
Artículo 390 Tercero y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT): Mandatan expresamente que toda aprobación o revisión de un Contrato Colectivo de Trabajo debe validarse mediante consulta formal, con voto personal, libre, directo y secreto.
Invalidez de costumbres internas: La sola propuesta de un socio o la inercia de la asamblea no sustituyen las obligaciones jurídicas federales ni justifican la omisión de las garantías democráticas.
Análisis crítico y exigencias
Permitir que la toma de decisiones sindicales se reduzca al alzado de manos o a la coerción abre la puerta a abusos sistemáticos que vulneran la representatividad obrera. La democracia sindical no es un formalismo ni un acto de simple aclamación; requiere condiciones reales de certeza, transparencia y ausencia de represalias.
Ante esta coyuntura, la base trabajadora exige:
Intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL): Para que audite las actas, revise el desahogo de la asamblea y determine si la votación se apegó estrictamente a la ley.
Es decir, solicitan esclarecimiento de responsabilidades para determinar si existió una suplantación del procedimiento legal de consulta para legitimar el convenio contractual, desde la visión de la autoridad laboral.
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