Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que el 17 de mayo del presente año, es decir el miércoles de la semana anterior, ordenó y ejecutó una visita de inspección federal, dirigida a la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), a efecto de verificar el cumplimiento de la legislación en materia forestal.
Sin embargo, la diligencia fue impedida por funcionarios de la empresa operadora del recinto portuario michoacano, con todo y que ha resaltado muchas veces sus acciones a favor del medio ambiente, por lo cual tiene la declaratoria de Puerto Verde por una empresa certificadora internacional.
Da cuenta Profepa que inspectores federales se constituyeron en las oficinas de la APILAC, acreditando debidamente el motivo de su presencia, sin embargo, tres servidores públicos, que se ostentaron como Subgerente de Construcción y Mantenimiento, así como Subgerente de Operaciones de la APILAC, negaron facilidades para la inspección.
Participó una cuarta persona, quien realizó diversas manifestaciones junto con los inspeccionados, detalla la Procuraduría.
Los funcionarios de la Apilac se negaron a que la diligencia del personal actuante de la PROFEPA se llevara a cabo, con lo cual la autoridad se vio obstaculizada para verificar si la APILAC cumple o no la ley, o si algún delito contra el ambiente se ha cometido en sus instalaciones.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prevé que las personas encargadas de atender una diligencia estarán obligadas a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita que sea emitida por la PROFEPA, además proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de la Ley.
Asimismo, establece que la Procuraduría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
La Ley General de Desarrollo Forestal prevé que obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de inspección, constituye una condición que le permite a la PROFEPA iniciar procedimientos en contra de los funcionarios de la APILAC que intervinieron en la diligencia, pudiendo imponer sanciones equivalentes a un millón 500 mil pesos, a cada una de las personas que resistieron las diligencias ambientales.
Asimismo, la Procuraduría solicitará la investigación penal por el delito de desobediencia y resistencia de un mandato legítimo de la autoridad, y la responsabilidad administrativa adicional que pudiera derivar a las personas y funcionarios que intervinieron.
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