Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En medio de espectacular operativo de seguridad por elementos de la PGJE, arribó el pasado sábado al aeropuerto de esta ciudad el empresario jalisciense Guillermo Alejandro Hernández Pérez, del Grupo Urrea, quien exigió a trabajadores de la extinta empresa NKS, le limpien su imagen y reputación.
La anterior semana, empleados de la factoría denunciaron incumplimiento en los acuerdos con el empresario y que sospechan los chantajeó al demandarles reunir un millón de pesos para supuestamente entregar al Procurador de Michoacán, José Martín Godoy.
Los trabajadores ganaron un juicio laboral y después tuvieron aprobación para chatarrizar la planta y asegurarse el pago a que tienen derecho.
Alrededor de medio día del sábado, el empresario citado, se trasladó del aeropuerto local a un hotel de la ciudad para reunirse con los trabajadores, y quienes reclaman cumplimiento de un acuerdo para disponer de la chatarra que están obteniendo de la planta cerrada y situada al interior del recinto portuario.
Sin embargo, durante el encuentro, en el que a los ex trabajadores de NKS se les decomisaron los celulares y hubo fuerte presencia de elementos armados, Guillermo Alejandro Hernández, evitó hablar del pago de los bienes de la negociación, cuyo calendario se ha incumplido.
Otro asunto que quisieron abordar y el jalisciense evadió es una demanda por supuesto fraude que contra los ex trabajadores de la fabricante de bienes de capital ha interpuesto B. G. Ingeniería.
Con B. G. Ingeniería, estaban negociando la venta de chatarra antes de Urrea, empresa que aseguró a través del abogado Carlos Alfonso Melo y el propio empresario Hernández Pérez que se harían cargo de lo necesario para dejar sin efecto el acuerdo echado a andar con la firma hoy reclamante.
Y es que reclama a los trabajadores que nunca le notificaron ninguna decisión y por lo tanto esperaba hacerse cargo de las tareas de chatarrización y busca hacer valer sus derechos en los tribunales.
Al empresario tapatío lo que le interesaba era exigir a los trabajadores que le limpiaran reputación e imagen, luego de la acusación de que les requirió una suma que promedió el millón de pesos, misma que depositaron a Rafael Oramas León, colaborador suyo.
Los trabajadores de NKS señalaron que todo lo expresado por quien habría de comprarles equipos rescatados y la chatarra, es que se desdijeran que les requirió el millón de pesos, aunque ratificaron que efectivamente se los solicitó para supuestamente adquirir una especie de “seguro protector” contra la maña, que en voz de Guillermo Alejando, les estaba molestando.
“Ordenar a los elementos policiacos que nos quitaran los celulares y durante la sesión estar fustigados con la presencia de elementos policiacos dentro del salón de juntas, los hace temer de acciones en contra nuestra, porque además, dijo saber bien quiénes lo acusamos”, explicó uno de los asistentes al encuentro.
Ante la situación y para protegerse, dijo otro de los casi 20 de 29 involucrados, analizan la posibilidad de interponer la denuncia ante las autoridades que correspondan, admitiendo que les inspira temores, porque no ha dado cumplimiento al acuerdo que surgió de la invitación a hacerse cargo de las tareas de aprovechamiento de las toneladas de piezas de lo que fue NKS.
Lamentaron, en el asunto, que el abogado Carlos Alfonso Melo, a quien contrataron para defenderlos, está claramente del lado del empresario, situación que también analizarán en la presente semana, en que habrán de dar pasos importantes.
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