Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Esta ciudad, que aloja al puerto más importante del Pacífico mexicano, y una de las 50 más violentas del país según consideraciones de las autoridades federales, es una de las que mayor abrigo ha tenido de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo a un informe castrense, aquí ha habido soldados por miles, en comparación con ciudades de Tamaulipas y Sinaloa donde las bandas rivales no se han dado tregua en la disputa territorial.
En 2013, 380 soldados fueron asignados al puerto de Lázaro Cárdenas; otros 380 llegaron en 2014 y 2015. Sin embargo, en 2015, fue necesario solicitar mayor presencia de militares, por lo que en octubre de ese año aumentaron a mil los efectivos. Y mil soldados más llegaron en 2016, anota el informe.
En los últimos diez años, ocho estados del país han firmado convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el propósito de contar con apoyo permanente en labores de seguridad pública, ante la ola de violencia que aqueja a sus entidades por la presencia del crimen organizado. Michoacán ha suscrito acuerdo desde 2013.
Las Fuerzas Armadas despliegan mensualmente más de 56 mil elementos en todo el país, entre soldados, marinos y pilotos, para realizar labores de seguridad y llevar a cabo acciones para reducir la violencia.
El año pasado, cuatro mil soldados fueron desplegados en seis entidades para brindar apoyo de manera permanente, derivado de convenios; la mayor parte de estos efectivos se concentraron en Sinaloa, así como en Nuevo León, donde las células criminales no ceden.
En respuesta a dos peticiones de información, la Sedena señaló que en 2011 ningún gobierno estatal solicitó el apoyo del Ejército a través de convenio de colaboración y la situación empezó a cambiar al año siguiente.
El estado de Michoacán firmó convenio de colaboración con la Sedena, desde 2013, cuando el cártel de La Familia Michoacana y su escisión Los Caballeros Templarios escenificaron una batalla por el control de la entidad y por el liderazgo de sus células en los estados de México y Guerrero, entre otras entidades.
En noviembre de ese año, llegaron los primeros convoyes extras de las fuerzas armadas, asumieron control de la policía municipal cuya fuerza prácticamente extinguió en los siguientes meses. A la par, la Administración Portuaria Integral (API) y Capitanía de Puerto fueron jefaturadas por militares y en abril siguiente fue detenido el alcalde de la ciudad señalado de colaborar con uno de los carteles.
A pesar de la presencia de elementos armados oficiales, la percepción generalizada es que la ciudad está bajo el manto de criminales de la zona o foráneos que temporalmente llegan a imponer sus condiciones, sobre todo cuando no se ha podido desterrar la práctica de cobro de piso a los sectores generadores de economía.
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