Morelia, Michoacán.- Este jueves autoridades de los tres órdenes de gobierno, órganos electorales y representantes de partidos políticos llevaron a cabo la quinta reunión de la Mesa de Gobernabilidad del Proceso Electoral, sosteniendo que hay condiciones sociales, políticas y de gobernabilidad para la jornada electoral.
El secretario de Gobierno, Pascual Sigala, acompañado del director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Germán Castillo Banuet, y el delegado en Michoacán de la PGR, Jesús López Trujillo, informó que la Mesa de Gobernabilidad se declara en sesión permanente, con cinco reuniones ordinarias ya programadas y las extraordinarias que se requieran.
Entre los acuerdos establecidos se determinó que los partidos políticos harán llegar a la brevedad un listado completo de candidatos a contender en estas elecciones, el cual será revisado por autoridades correspondientes para evitar la intromisión de células delictivas.
A fin de brindar seguridad y acompañamiento a cada partido político, también se acordó decretar una alerta inmediata de riesgos, es decir, los candidatos harán llegar una agenda de los eventos públicos previstos para que las autoridades competentes tengan una actuación preventiva y oportuna ante posibles incidentes.
Asimismo, este fin de semana se habilitarán las ventanillas del Registro Civil y de Servicios Periciales, a fin de que los candidatos que requieran dicha documentación para su registro puedan obtenerlo sin contratiempos.
El secretario de Gobierno compartió que para fortalecer la democracia y nadie se quede fuera de este proceso, representantes de los partidos políticos buscarán acercarse a las comunidades en donde haya alguna complicación, para que no se queden sin casilla instalada.
Por su parte, Castillo Banuet informó que se alcanzaron varios acuerdos para la prevención de los delitos electorales y anunció desde la PGR un ejercicio operativo para el martes 8 de mayo.
Las acciones –detalló– serán en tres vertientes: la prevención de delitos electorales; investigación de las denuncias presentadas; y el fortalecimiento del mapa de riesgos para detectar posibles áreas de atención que permitirán la prevención y disuasión de posibles actos ilícitos.
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