Ciudad de México. – En respuesta a la sentencia de Hugo Amed Schultz Alcaraz a ocho años de prisión por su papel en el asesinato en 2017 de la reportera mexicana Miroslava Breach Velducea, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió el siguiente comunicado:
“Después de varias sentencias recientes en los juicios por asesinato de Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea, esta última condena es otra buena noticia en un país donde la gran mayoría de los crímenes mortales contra reporteros quedan impunes”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
“El veredicto es otra señal de que el Fiscal Federal Especial para la Atención a los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, cuando se cometa, puede lograr resultados significativos en la lucha contra la impunidad en los asesinatos de periodistas.
Las autoridades ahora deben hacer todo lo que esté a su alcance para arrestar y condenar a todos los demás involucrados en el asesinato de Breach”, declaró.
Un juez federal del estado de Chihuahua sentenció a Schultz Alcaraz, exalcalde de la ciudad chihuahuense de Chínipas, como parte de un juicio abreviado, similar a un acuerdo de culpabilidad, en el que Schultz admitió su responsabilidad por su papel en el asesinato a cambio de una sentencia reducida, según comunicado de Propuesta Cívica, una organización legal sin fines de lucro que representa a la familia del periodista en el juicio.
Schultz es el segundo sospechoso en ser sentenciado por el asesinato de Breach; en agosto de 2020, Juan Carlos Moreno Ochoa fue sentenciado a 50 años, como documentó el CPJ en ese momento.
Schultz fue arrestado el 18 de diciembre de 2020, después de que el Fiscal Especial Federal para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión obtuviera pruebas de que había proporcionado información sobre el reportero a la banda criminal que supuestamente planeó y llevó a cabo el asesinato, según documentó el CPJ.
Breach, la corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada de la Ciudad de México, fue asesinado a tiros el 23 de marzo de 2017, frente a su casa.
Según el testimonio de testigos durante el juicio de Moreno Ochoa, el asesinato fue ordenado por José Crispín Salazar, quien de acuerdo a las autoridades mexicanas es el líder de la banda criminal Los Salazar, con sede en Chihuahua, en represalia por sus informes sobre su pandilla y los políticos locales.
El CPJ no pudo encontrar ninguna información de contacto de Salazar, quien sigue prófugo.
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