Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas deben realizar una investigación pronta y confiable sobre el asesinato del periodista Armando Linares López y garantizar la protección de sus compañeros, declaró el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El martes 15 de marzo, sujetos que al parecer se desplazaban en una moto, mataron a disparos a Linares, cofundador y director del medio digital Monitor Michoacán, en su vivienda, situada en la ciudad de Zitácuaro.
La información del caso, refiere que el periodista recibió por lo menos ocho disparos y falleció antes de que pudieran trasladarlo a un hospital.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el homicidio por mensaje de Twitter, y señaló que había abierto una investigación con apego a sus protocolos sobre atentados contra la libertad de expresión.
“Las palabras no pueden describir el impacto del brutal asesinato de Armando Linares, que incrementa el pasmoso récord de asesinatos de periodistas en México en 2022”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
“En vista de la alarmante frecuencia con que están matando a periodistas en México, las autoridades mexicanas no tienen otra opción que reconocer la desenfrenada impunidad y violencia que alimenta estos ataques”.
Para obtener una declaración, el CPJ se comunicó en reiteradas ocasiones con Nicolás Maldonado, coordinador de fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por aplicación de mensajería, pero no recibió ninguna respuesta.
Linares había fundado Monitor Michoacán hace varios años y ejercía de su director y principal redactor. Los artículos del medio se publicaban en su sitio web y en su página de Facebook, donde tenía unos 100.000 seguidores, Linares declaró al CPJ en una entrevista telefónica realizada el pasado 31 de enero.
Entre las denuncias que Monitor Michoacán publicó, se encuentran artículos en los que acusaba de corrupción y extorsión a las fuerzas de seguridad pública de Zitácuaro, y denunciaba que agentes de la Policía Municipal de ese municipio, asegurando que cambiaban los datos sobre personas arrestadas por posesión de drogas.
El CPJ llamó a la Policía Municipal de Zitácuaro para obtener una declaración, pero nadie respondió las llamadas.
Monitor Michoacán también informó que personas anónimas habían acusado a Linares de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal que, según versiones periodísticas, ha sido responsable de una serie de asesinatos y balaceras en la zona de Zitácuaro. Cuando Linares conversó con el CPJ en enero, rechazó tener vínculos de algún tipo con este grupo criminal.
Y es que hay que recordar que Linares es el segundo periodista de Monitor Michoacán que muere en 2022. El 31 de enero, sujetos asesinaron a disparos a Roberto Toledo, de 55 años, quien era camarógrafo y editor de video, así como ocasional redactor del medio digital.
El día de la muerte de Toledo, Linares publicó una breve declaración en video en la página de Facebook del medio, en la cual afirmaba que él y Monitor Michoacán habían recibido amenazas de muerte por sus denuncias periodísticas sobre presuntos actos de corrupción de las autoridades municipales y estatales. Linares no ofreció más detalles sobre las amenazas.
En tres llamadas telefónicas con el CPJ en los días siguientes a la muerte de Toledo, Linares reiteró que había recibido amenazas de muerte por su labor informativa, pero no aportó más detalles sobre las amenazas, argumentando motivos de seguridad.
Linares había confirmado al CPJ que estaba en contacto con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, institución que depende de la Secretaría de Gobernación federal y que otorga medidas de seguridad a periodistas amenazados.
Un funcionario del mecanismo declaró al CPJ que ya se habían comenzado los trámites para inscribir a Linares en un programa de protección federal, pero no ofreció más información sobre las medidas de protección que se habían planificado para su caso.
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