Por Francisco Rivera Cruz
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En México se analizan dos reformas que proponen que la población del país cuente con un documento que contenga los datos biométricos que faciliten identificación, se trata de la Ley General de Población y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
En Latinoamérica son México y Venezuela quienes no cuentan con un proyecto de este tipo, con el cual los datos biométricos, es decir las características físicas, fisiológicas o de comportamiento de una persona puedan ser utilizadas para identificarla de forma única. Para ello, incluir huellas digitales, reconocimiento facial, reconocimiento de voz e iris.
La propuesta legislativa busca consolidar la CURP como documento nacional de identidad, desplazando en parte a la credencial para votar, que hoy por hoy es un documento para identidad, en parte porque el estado (gobierno) no se tiene confianza, en el caso de la licencia de manejo que emite.
Desde el gobierno de Fidel Calderón se presentó la propuesta de crear banco de datos biométricos, sin embargo, no ayudó a la iniciativa el saberse y difundirse que padrones completos se ponían a la venta, y supuestamente había pasado con la base de Instituto Nacional Electoral.
Se habla de muchas ventajas y desventajas de un proyecto de esta magnitud. Entre las primeras, es decir las bondades, se destaca que la tecnología ha dado avances significativos por lo que es cada vez más económico un proyecto que puede ahorrar tiempo y recursos en trámites varios.
Facilitaría la impartición de justicia, porque permitiría localizar a un hechor, de acuerdo al diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien tiene experiencia en justicia a su paso por la Fiscalía General de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Necesitamos conocer a nuestro vecino y que éste nos conozca. En algunas ciudades del mundo, gracias a una tarjeta de identidad, se puede rastrear a un evasor o quien esté involucrado en hechos en los que se tenga que responder a la ley, dijo.
En Texas, por ejemplo, si un individuo se cambia para evitar ser detenido, al contar el estado con los datos biométricos del referido, fácilmente lo detectan cuando va a alguna tienda a comprar algunos bienes en sitio diferente al de su residencia. Consecuencia del banco de datos que se tiene de las personas, se le identifica y puede ser requerido.
En Michoacán como en cualquier lugar de México, basta con que alguien que sabe que lo anda buscando la justicia, se cambie al siguiente número de domicilio en la misma calle, para que no lo encuentren, porque no se cuenta con los datos biométricos de una tarjeta de identidad.
No es la primera vez que se ha propuesto en México contar con una tarjeta de identidad, y antes se ha tirado por tierra la posibilidad bajo el argumento de que el padrón puede caer en manos de la delincuencia organizada, y sin embargo, para Magaña de la Mora, la delincuencia organizada no necesita contar con ese padrón para identificar o localizar a alguien.
“El día que la delincuencia organizada quiere buscarte, lo hace, y el único que se amarra las manos es el Estado, al no tener los recursos para elaborar esa tarjeta de identidad, que le facilitaría muchas tareas y funciones”, aseguró.
Para el INE sí habría un impacto de crearse otro registro con validez oficial como identidad. Podría elevarse el abstencionismo dado que la credencial actualmente se obtiene más para asuntos oficiales que para votar, pero de paso se vota, reconoce Alejandro Sosa, director ejecutivo del Registro Federal Electoral.
A raíz de que el SAT y empresas telefónicas empiezan a aplican proyecto de datos biométricos y de las iniciativas del gobierno federal, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Federal, pide que sirva en materia de seguridad, pero advirtió que no existe ninguna certeza jurídica de que la información de la ciudadanía esté salvaguardada.
Quien se mostró más conciliador es el PAN, luego que el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señaló que no hay que escatimar esfuerzos si podemos hacer que la ley en materia de seguridad realmente proteja a la ciudadanía, particularmente en el uso de biométricos y el padrón de telefonía.
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