Por adeudos amagan bloquear los puertos de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos

Por Francisco Rivera Cruz

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Michoacán lanzaron un enérgico llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los titulares de las secretarías federales, para exigir una auditoría inmediata y la solución a adeudos millonarios que mantienen al sector de los “hombres-camión” y pequeños transportistas al borde de la asfixia financiera.

​En conferencia de prensa, Luis Alfonso Ochoa Sánchez, delegado de Conatram en Michoacán, y Roberto Carlos Medina, subdelegado del organismo en Lázaro Cárdenas, denunciaron graves irregularidades y falta de transparencia en la operación del programa federal Fertilizantes del Bienestar, operado en las plantas de los puertos de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.

​Desventaja comercial y opacidad en contratos

​Los líderes transportistas señalaron que, para participar en las operaciones de retiro de producto de Agroindustrias del Balsas, en Lázaro Cárdenas, se les exige una estricta capacidad técnica, económica, financiera y operativa. Sin embargo, acusaron que estas mismas condiciones no se les requieren a empresas foráneas, lo que vulnera la competitividad local y la confianza en las instituciones.

​“Hemos realizado ajustes operativos, de equipo e inversiones en unidades, personal, capacitaciones y seguridad para cumplir con las condiciones requeridas, sólo para ver que no hay igualdad de condiciones”, expuso Luis Alfonso Ochoa.

​Exigencias directas al Gobierno Federal

​Ante lo que calificaron como prácticas de funcionarios que se apartan de la rendición de cuentas, Conatram Michoacán solicitó formalmente la intervención de tres instancias clave:

​A la Presidenta de la República: Instruir al director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los órganos de control interno a realizar una revisión e investigación integral sobre la asignación de contratos, obligando a las empresas beneficiadas a acreditar su verdadera capacidad operativa.

A la Secretaría de Agricultura: Realizar un acompañamiento institucional para supervisar minuciosamente cómo se están ejecutando las operaciones logísticas y de transporte del programa de fertilizantes.

​A la Secretaría de la Función Pública (Contraloría): Auditar los contratos vigentes y los criterios de asignación de volúmenes.

​Asimismo, urgieron la instalación inmediata de una mesa de trabajo entre la dirección general de Pemex y una comisión representativa del sector afectado.

​Asfixia económica y amago de movilizaciones

​El fondo del conflicto radica en adeudos de varios millones de pesos por servicios de transporte ya prestados. Al tratarse de microempresas que operan al día, la falta de pago ha generado deudas en cascada que afectan la compra de combustible, el pago de créditos y los salarios de operadores y familias que dependen directamente del autotransporte.

​Aunque los transportistas enfatizaron que han privilegiado el diálogo, advirtieron que la paciencia del sector ha llegado a su límite. De no obtener una respuesta real y verificable, las bases de la organización exigen pasar a la acción colectiva.

​“Si deciden ignorarnos, cargarán con una deuda política, económica y moral, porque no nos vamos a quedar inmóviles. Las organizaciones nos empujan a acciones como el cierre de carreteras y accesos en el Puerto de Lázaro Cárdenas, particularmente en las plantas de fertilizantes de aquí y de Coatzacoalcos”, advirtieron.

Los representantes recordaron el papel estratégico de su sector: “No pedimos privilegios, exigimos atención, piso parejo, transparencia y cumplimiento de contratos. Nosotros movemos la economía nacional”, expresaron concluyentes.