CDMX.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la demanda por daño moral presentada por el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien buscaba que el ex secretario federal y senador con licencia, Javier Lozano Alarcón, lo indemnizara.
Por unanimidad, los ministros confirmaron la sentencia del 25 de septiembre de 2015 cuando un tribunal colegiado consideró que Gómez Urrutia no acreditó el daño moral sufrido, ya que, por ser una persona pública tenía que precisar la afectación sufrida y que ésta fuera constitutiva de delito.
Anteriormente, un juzgado de Distrito ya le había negado la razón al líder sindical, sin embargo, al llegar al máximo tribunal, la defensa legal del denunciante, pretendía que la Suprema Corte definiera en qué casos procede la demanda de daño moral en agravio de personas públicas.
El líder minero, quien cumplió diez años refugiado en Canadá, argumentó que la autoridad ocasionó grave afectación a sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y vida privada, así como a su reputación e imagen a escalas nacional e internacional, al difundir las razones por las cuales le negó la toma de nota como secretario general del sindicato en 2008.
Entonces, la dependencia informó que según los estatutos sindicales, Gómez Urrutia debía estar presente en la convención en la que fue elegido, pero el líder obrero, que entonces ya vivía en Canadá, no acudió.
Documentó la STPS que Napo tampoco era trabajador de planta con antigüedad de cinco años continuos antes de la fecha de la elección, ni gozaba de todos sus derechos civiles, ya que enfrentaba órdenes de aprehensión y era prófugo de la justicia, estando acusado de malos manejos en el ejercicio de su función y, que al vivir en otro país, tendría impedimentos para la defensa eficaz de los intereses de los trabajadores de su gremio.
En abril de 2013 la segunda sala de la SCJN negó la razón a Gómez Urrutia en ese asunto; el 25 de septiembre de 2015, el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito desecho esa misma demanda y el 25 de abril de 2016 tuvo igual fallo la Segunda Sala de la Corte.
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