Samuel Quintana
Morelia, Michoacán.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó recuperaciones probables por 907 millones 881 mil pesos en la Secretaría de Salud de Michoacán, monto que se utilizó en 2015 para pagos de personal, del que no pudo validar su contratación, detectando además pagos indebidos a comisionados sindicales y el pago del impuesto sobre la nómina.
Los resultados de la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015, de ese total, 623 millones 699 mil pesos fueron observados por no proporcionar la documentación de 3 mil 171 personas para validar su centro de adscripción reportado en las nóminas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Tampoco pudo proporcionar los contratos de 215 trabajadores, para validar que los montos pagados se corresponden con lo contratado y registrado, por 9 millones 94 mil pesos, así como el pago a dos servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron en el ejercicio 2015.
Otra suma corresponde al pago de 48 empleados que fueron comisionados al sindicato mediante oficios de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos de los SSM; sin embargo, ésta carece de las atribuciones jurídicas correspondientes para tal autorización, por lo que se realizaron pagos improcedentes.
Se observó también el pago de otros miles de pesos por el 2% del impuesto sobre nómina estatal, el cual no se encuentra autorizado para su pago con recurso del fondo y otra cantidad por la diferencia en el cálculo aplicado en las penas convencionales de los días de desfase entre la fecha de entrega estipulada en los contratos o pedido, y la real.
Asimismo, se observó un subejercicio y al 31 de diciembre de 2015 no se había devengado el 9.7 por ciento de los recursos transferidos por un importe de 267 mil 258 pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo.
Se documentaron otras irregularidades que generaron una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones.
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