Noé Segura / Columna
Entre asesores te veas
¿Quién es el asesor de asuntos jurídicos de la alcaldesa Itzé? ¿Por qué la está destruyendo?
La ingratitud es porque se supone le está pagando por sus servicios y los nortes dados por el profesional en leyes, están cavando la tumba política de la alcaldesa.
Aunque para variar, todos le han fallado. Difícilmente sería el mismo asesor que le recomendó confrontarse con Silvano por el tema de convenir seguridad, y quien le sugirió seguir el pleito exigiendo que salieran de Lázaro Cárdenas los módulos de pruebas COVID.
El mismo que ahora la lleva a chocar con ArcelorMittal, un consorcio que no se va a quedar con las manos cruzadas, viendo que violan sus espacios y se los ponen –aunque sea parcial– fuera de servicio.
Y la alcaldesa ha visto la gravedad del asunto en las últimas horas, tal vez por eso el sábado buscó asesoría en el gobierno federal que le envió quien se supone es un fiscalista.
Sabe que confrontó a una empresa, pero de paso pone a la comunidad empresarial en alerta, porque éstos ven en lugar de diálogo y conciliación, el garrote y la presión.
Ven, veladamente, vínculos de los grupúsculos que con sus bloqueos y desplantes, han ocasionado que los importadores y exportadores que ponían sus cargas por el Puerto local, ahora estén moviéndose por Manzanillo, con el significado cruel del retroceso de empleos para los nuestros.
Muchos creían que la hija de Yeyo Camacho y ahijada de Leonel Godoy buscaba en serio una nueva candidatura. Pero cuando atestiguan el desempeño, caen en cuenta que no buscaba ni busca nada, con todo y que esté colocando a los de sus confianzas en áreas claves de la administración municipal y piense en la posibilidad de pedir permiso de separarse del cargo.
La jugada de AMLO
Y para dolor de cabeza de quienes quieren vomitar todo lo que huele a prian, sin ver que, como escribiera Juana de Asbaje, “hombres necios que acusáis, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”, el presidente López Obrador nombró al vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado como nuevo director general de la API Lázaro Cárdenas, cargo que ya ocupó de en el sexenio pasado a invitación de Peña Nieto.
El cambio se da luego de que el presidente López Obrador decidió no solo regresar al plan de Peña Nieto sino ir más allá. Sostener otro diferendo, como en el que en su momento tuvo con el director del IMSS y de Hacienda, Germán Martínez Cázares y Carlos Urzúa, respectivamente.
El ex mandatario priista designó mandos militares a los puertos, pero AMLO se avienta un volado para ver si le sale con mejores frutos el entregar a la milicia Aduanas, que es responsabilidad de la SHCP, y a los Puertos que está en el ámbito de SCT, y de la ley, todavía.
El argumento vendido por el comandante supremo es que mandos del Ejército y la Marina darían otros resultados al enfrentar a la delincuencia, el contrabando de mercancías y la introducción de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, no estuvo de acuerdo en el plan del Jefe y se hizo a un lado, mientras desde hacía meses era pública la diferencia política de fondo.
Los mandos militares, como nunca, ocupan espacios públicos. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía y un tramo importante del Tren Maya, es solo una parte.
Empiezan los movimientos para que las Fuerzas Armadas administren los puertos y las aduanas del país, y ya tienen en sus manos la construcción de más de mil bancos, de cuidar flujos migratorios, de repartir fertilizante, ¿qué más les falta?
Está claro que Jiménez Espriú no estuvo dispuesto a convertirse en un empleado menor de las secretarías de la Defensa y la Marina.
Pero férreo en su plan, López Obrador ha demostrado tener fe inquebrantable en las Fuerzas Armadas como ningún otro presidente.
Supone que la disciplina castrense es un antídoto perfecto contra los peores males del país. Se verá si en dos años no hay miembros de la milicia amafiados, o será que ahora sí el hábito haga al monje.
Los dos puertos más penetrados por el crimen organizado durante la administración de Enrique Peña Nieto fueron administrados por altos mandos de la Marina.
En junio de 2016 el Contralmirante Alejandro Miranda Oceguera fue nombrado Director General de la API de Manzanillo, quien a su vez sustituyó al Vicealmirante Jorge Rubén Bustos Espino.
Coincidió la gestión de Miranda Oceguera con el más horroroso infierno de violencia que haya enfrentado la región. Colima pasó de ser uno de los estados más seguros, para ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Y al centro de la violencia estuvieron los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sobre todo por el control de Manzanillo, que concentró más del 40% de las muertes violentas.
No fue cierto que, con el Contralmirante Miranda Oceguera, ni con el Vicealmirante Bustos Espino, hayan mejorado las cosas. De hecho, empeoraron.
A la par, fue nombrado como director del puerto de Lázaro Cárdenas, el Almirante Cruz Ballado. Otro punto estratégico en la misma ruta criminal, en pugna por las distintas organizaciones delictivas que operan en las costas del Pacífico.
Cruz Ballado llegó a la API Lázaro Cárdenas en noviembre de 2013 y dejó el puesto en noviembre de 2017 para reincorporarse a la Marina.
Próximo a jubilarse del servicio de las fuerzas armadas, se desempeña como comandante de la Segunda Región Naval en Ensenada, Baja California, y regresa para sustituir a Raúl Antonio Correa Arenas.
El artículo 129 de la Constitución mexicana previene contra la decisión anunciada por el Presidente. Dice que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Para evitar que se recuerde que hacer otra cosa es violar la Carta Magna. La opción es nombrar militares “con licencia” o jubilados, para darle la vuelta al mandato constitucional, y en eso se está.
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