Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Alrededor de 130 procesos en instancias como la Auditoría Superior de Michoacán, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto de Acceso a la Información y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleva el Consejo Ciudadano de Transparencia contra la autoridad municipal.
Se trata de solicitudes de aclarar el manejo de los recursos públicos, incluso en áreas para municipales como el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas –Capalac–, señaló Alfonso Castillo Abogado, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia –CCT–.
Sobre las observaciones que recientemente hizo la Auditoria Superior de Michoacán al Ayuntamiento sobre la Cuenta Pública de dos años, aplaudió que “las cosas se vienen dando, y se está reaccionando” a la información que el CCT en su momento ha sospechado y denunciado.
Se vienen resolviendo denuncias que se presentaron a la ASM sobre dudas en manejos de las cuentas públicas 2020 y 2021, cuando se advirtieron señales de peculado, nepotismo, desvíos de recursos y falta de autoridad en algunos rubros.
Expuso que no se avanza con la celeridad que se quisiera porque la autoridad frena mucho al negar información o entregarla parcial y hasta con argumentos de risa como aquello de que no puede revelar a los beneficiarios de apoyos sociales, donde se ha detectado sumas que preocupan y que difícilmente se destinarían por concepto de ayuda social.
Castillo Abogado señaló que no está solo en la tarea de observar a la autoridad, que si bien es el rostro del organismo, como lo es el vicepresidente, Benjamín Rodríguez Álvarez, hay todo un equipo que hace las funciones de documentar, contestar a las dependencias y dar seguimiento a los procesos.
Hay 30 personas haciendo equipo, que atiende visitas, aporte de pruebas y otros que hacen funciones de asesores técnicos y legales, de los cuales, cinco son consejeros que prefieren el anonimato para evitarse represalias de la autoridad local.
El ex director de NKS, compartió que al oficio de solicitud de informar sobre los préstamos a los trabajadores, pendientes por pagar a proveedores y contratistas, se respondió que podría alentar a grupos criminales, considerando que se trata de recursos públicos de los que se debe informar destino, “pero algo se esconde con ese argumento de risa”.
Hay hasta préstamos millonarios, sin ser una prestación general, de ahí que se sospeche operación discrecional o que se usa para comprar voluntades, aunque se debe cruzar la información para saber método de facilitación y se compruebe entrega efectiva y saber cuándo se van a regresar esos recursos al patrimonio del municipio.
Al más puro estilo “del actual gobierno” se decide crear un organismo que les permita atajar la entrega de información, que de por sí es fuera de tiempo y parcial, integrando un comité por el contralor, tesorera y oficial mayor, gente incondicional de la presidente, que emite un “no se puede informar”.
Estamos en las denuncias, dijo a pregunta expresa y fue cuando informó que se siguen 130 procesos ante diferentes instancias por temas en el que incluso está el desvío de recursos y cambio del proyecto del parque ecológico Amalia Solórzano, que sigue clausurado por la autoridad ambiental.
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